Durante el debate, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, defendió la propuesta lanzando duras críticas a la administración anterior de la CRV, encabezada por Mario Villarroel por más de 40 años. Rodríguez se refirió a Villarroel como “un verdadero delincuente” y criticó su gestión al frente de la entidad humanitaria, afirmando que la nueva ley es crucial para proteger el servicio de la Cruz Roja de “desviaciones y desmanes cometidos por inescrupulosos”.
Una ley para proteger los símbolos y la misión de la Cruz Roja
El instrumento legal consta de 28 artículos enfocados en fortalecer la protección del emblema y la misión de la Cruz Roja en el país. Asimismo, busca impedir la usurpación de sus símbolos, la asignación indebida de sus responsabilidades y el aprovechamiento ilícito de los beneficios que el Estado otorga de forma exclusiva a esta institución.
Jehyson Guzmán, quien preside la Comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, fue el encargado de presentar el proyecto. Subrayó que la legislación también tiene como fin proteger a los ciudadanos ante “cualquier situación de vulnerabilidad” y frente a las “amenazas guerreristas que se ciernen sobre” Venezuela.
Guzmán agregó que la normativa pretende mejorar la articulación de la Cruz Roja con el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales, sobre todo en el contexto de la “crisis climática real y persistente” que vive el país.
La propuesta obtuvo el respaldo mayoritario de los legisladores en su primera discusión. El siguiente paso será un proceso de consulta pública, para que luego la comisión correspondiente elabore un informe que será presentado para su segundo y definitivo debate en el pleno.
Contexto de intervención y señalamientos
Esta iniciativa legislativa se produce en el marco de la intervención judicial de la Cruz Roja Venezolana, dictaminada en agosto de 2023 por el Tribunal Supremo de Justicia. La decisión se tomó después de que la Fiscalía iniciara una investigación por “presunto acoso y maltrato” a voluntarios y empleados durante la administración de Villarroel.
En su momento, Villarroel negó categóricamente las acusaciones, tildándolas de “deshonestas”, y afirmó que la intervención de la institución era “ilegal”. A raíz de su salida, el tribunal nombró una nueva junta directiva con la tarea de reestructurar la organización humanitaria.
En esencia, este proyecto de ley persigue la formalización de un soporte jurídico que afiance el trabajo humanitario de la Cruz Roja en Venezuela, una organización con más de un siglo de trayectoria en la asistencia y respuesta a emergencias y crisis sociales.
