El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, informó que la legislación fue aprobada con una “mayoría calificada evidente” y subrayó que esta modificación es crucial para facilitar un “acelerado incremento” en la producción de petróleo del país.
El diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela (MSV), fue el encargado de presentar el proyecto ante el pleno, detallando que la reforma se centra en “tres grandes áreas de modificación” de la ley vigente.
Como primer punto, Camacho mencionó la adopción de “modelos exitosos de negocio” derivados de la ley antibloqueo, sancionada en 2020 con el fin de atraer capital extranjero frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos un año antes.
En esa línea, resaltó la creación de nuevos tipos de contratos en los que la compañía operadora “asume la gestión integral a su propio riesgo y costo”, un modelo con el que, según explicó, el Estado venezolano no contrae deudas.
Adicionalmente, indicó que la normativa establece mecanismos para “garantizar la viabilidad” de proyectos en campos petroleros que aún no han sido explotados, para lo cual se requiere de “grandes inversiones”.
Para alcanzar este objetivo, señaló la necesidad de contar con “alguna flexibilidad en las regalías”, e incluso planteó la posibilidad de “rebajarlas” como un incentivo para “atraer esta inversión en estos campos nuevos”.
El tercer eje de la reforma, continuó el diputado, consiste en “aumentar las garantías jurídicas” para la inversión en la industria, incluyendo la “mediación a través de mecanismos independientes para la resolución de conflictos”.
Por su parte, la bancada opositora del Grupo Parlamentario Libertad salvó su voto. El legislador Pablo Pérez solicitó que los proyectos de ley sean entregados “con anticipación”, argumentando que no tuvieron acceso al texto sino hasta el día previo al debate.
Pérez enumeró varios “principios” que, a su juicio, deben ser considerados en la reforma de hidrocarburos, como la “seguridad jurídica”, la “apertura al capital privado” y la “carga tributaria”.
Tras esta primera aprobación, la AN deberá realizar una segunda discusión para que el proyecto se convierta definitivamente en ley. En el ínterin, pueden introducirse modificaciones al texto.
Una vez completado este procedimiento legislativo, la ley es enviada al presidente para su promulgación y posterior publicación en la Gaceta Oficial, momento en el que entra en vigor.
El debate sobre estas reformas se produce en un momento en que Caracas y Washington exploran una nueva fase en sus relaciones bilaterales, influenciada por el interés de Estados Unidos en el sector petrolero venezolano.
