La ley federal estipula que el gobierno debe procesar a todas las personas que llegan a los puertos de entrada designados. Sin embargo, en 2018, la administración Trump emitió directrices para que los agentes devolvieran a México a aquellos que buscaban asilo, sin permitirles iniciar el procedimiento formal.
Como respuesta, la organización Al Otro Lado, junto con varios individuos afectados por esta política, interpuso una demanda en California. El Noveno Circuito falló a favor de los migrantes, determinando que las autoridades fronterizas tienen la obligación de examinar a toda persona que «llegue» a un puerto de entrada, aun si no ha cruzado físicamente la línea fronteriza.
La administración Trump apeló esta decisión en julio, defendiendo ante el máximo tribunal que el Noveno Circuito había malinterpretado la ley. El procurador general, D. John Sauer, sostuvo que, «en lenguaje común, una persona ‘llega’ a un país solo cuando entra en su territorio», lo que implicaría que alguien que permanece en México «no llega» a Estados Unidos en el sentido legal.
Los colectivos que apoyan a Al Otro Lado refutaron este argumento, señalando que dicha interpretación permitiría a los agentes anular las obligaciones federales de inspección y procesamiento. Según su perspectiva, bastaría con impedir la entrada física para desmantelar por completo el sistema de asilo en los puntos de entrada legal.
Si bien el proceso judicial está en marcha, su efecto inmediato es limitado. El gobierno actual, encabezado por Joe Biden, ha derogado la política de «medición», sustituyéndola por otras medidas.
