La propuesta, presentada por el Ministerio de Justicia, busca actualizar la legislación vigente de 2013 y será sometida a votación en el Congreso Nacional tras el visto bueno del Ejecutivo.
La firma del presidente se produce tres días después del cruento operativo policial contra el Comando Vermelho en los conjuntos de favelas de Penha y Alemão, una zona empobrecida de la zona norte de Río de Janeiro, que dejó un saldo de entre 121 y 132 muertos, según diversas fuentes.
De aprobarse en todas las instancias, el proyecto instaurará el tipo penal de «organización criminal calificada», que implica un control de territorio o de actividades económicas a través del uso de la violencia, y los condenados por este delito enfrentarán penas que irán de ocho a quince años de prisión.
Con la posibilidad de que aumente la condena si se comprueban homicidios por orden o en beneficio de las facciones criminales, o la participación de funcionarios públicos en el esquema, entre otros agravantes.
También se incrementará la condena en caso se compruebe que el grupo criminal opera trasnacionalmente o mantiene conexiones con organizaciones criminales de otros países.
El texto además prevé la creación de un banco nacional de datos para estandarizar las informaciones sobre las facciones criminales con el fin de nutrir las investigaciones y facilitar el rastreo de los grupos.
Y habilita a los jueces a determinar que los proveedores de servicios de internet y telefonía móvil viabilicen el acceso a datos de geolocalización de un usuario perteneciente a una facción, en el caso de que se compruebe que existe una amenaza inminente a la vida o a la integridad física de las personas.
Delincuencia en Brasil
Tras el operativo policial del martes, Lula defendió la integración de las diferentes fuerzas policiales del país en una política antidrogas, y dijo que, más que enfrentamientos violentos en las favelas, el crimen organizado se vence con medidas para descapitalizar estos grupos y reducirles su poder financiero.
El Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), las dos organizaciones criminales más importantes del país, han sofisticado su accionar y han logrado expandir su dominio más allá del narcotráfico, transformándose en empresas criminales con tentáculos en los sectores económicos formales.
Operativos policiales del último año han investigado la presencia del PCC en el mercado de los combustibles, los transportes, moteles, e inclusive el mercado inmobiliario, entre otros ramos
