El desarrollo del yacimiento Dragón, situado en aguas someras entre Venezuela y Trinidad y Tobago, permitiría reabastecer de materia prima a las instalaciones de gas natural licuado y plantas petroquímicas de Trinidad, las cuales actualmente experimentan una falta de suministro de gas.
Trinidad y Tobago es reconocido como un exportador significativo de gas natural licuado, amoníaco y otros derivados del gas.
La posible emisión de una licencia para Shell por parte de la administración de Estados Unidos pone de manifiesto la política exterior estadounidense hacia Venezuela, la cual se caracteriza por una dualidad. Por un lado, se observan acciones de carácter militar, como el despliegue de buques de guerra y operaciones aéreas contra supuestos barcos vinculados al narcotráfico. Por otro lado, se facilita la movilidad de ejecutivos de empresas petroleras y funcionarios de Trinidad y Tobago entre Washington, Caracas y Puerto España, con el fin de reactivar los planes relacionados con la explotación de gas.
En abril pasado, la Casa Blanca revocó las licencias previamente otorgadas para la explotación de petróleo y gas en Venezuela, como parte de una estrategia para incrementar la presión sobre el país, al que la administración Trump considera un refugio para organizaciones de narcotráfico.
El proyecto Dragón representa uno de varios desarrollos de gas costa afuera que Venezuela y Trinidad y Tobago planeaban ejecutar antes de que la administración Trump modificara su política.
En julio, la misma administración autorizó de manera restringida a Chevron para retomar la producción y exportación de crudo pesado venezolano, y se anticipa que decisiones similares se tomarán respecto a Shell y otras compañías involucradas en proyectos de gas que beneficiarían a Trinidad, según fuentes conocedoras del proceso.
