El fallo, emitido por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 1er Circuito federal, representa el último acontecimiento en una disputa legal relacionada con las políticas implementadas durante la administración de Joe Biden, las cuales establecieron nuevas vías para la residencia en Estados Unidos, según informó The Associated Press (AP).
Esta determinación judicial abre la puerta a que el gobierno revoque las protecciones legales para cerca de 430.000 migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, quienes ahora se enfrentan a un porvenir incierto.
Los permisos, que facultaban a los migrantes venezolanos para residir y laborar legalmente en Estados Unidos por un período de dos años, habían sido anulados por la administración anterior en marzo del presente año.
Riesgos de la medida
Los magistrados que dictaron la sentencia reconocieron explícitamente los «riesgos de daño irreparable» que esta situación podría acarrear para los migrantes venezolanos. En su argumentación, señalaron que la decisión de poner fin a los permisos condicionales obligaría a estas personas a verse en la disyuntiva de regresar a las condiciones de peligro en sus naciones de origen o ser separados de sus seres queridos y de sus fuentes de empleo en Estados Unidos.
A pesar de esta consideración, el tribunal levantó la suspensión previamente impuesta por un tribunal de distrito, permitiendo así que el gobierno federal proceda con su plan de eliminar los permisos condicionales humanitarios mientras la demanda judicial continúa su curso.
Esther Sung, directora legal del Justice Action Center y coabogada en el caso, manifestó su decepción ante la resolución, declarando que la administración anterior «cruel e irracionalmente no cumplió con l
