“El gobierno no será flexible con quienes están aquí ilegalmente. La policía ha intensificado su vigilancia sobre inmigrantes indocumentados involucrados en el tráfico de drogas y de personas. Además, modernizamos las instalaciones de la guardia costera de Cedros y enviamos más embarcaciones a la zona”, declaró la mandataria en declaraciones recogidas por el medio Newsday.
Este medio intentó obtener detalles sobre los procedimientos y el cronograma de las deportaciones de los ciudadanos venezolanos consultando al ministro de Defensa, Wayne Sturge, y al ministro de Seguridad Nacional, Roger Alexander, sin obtener respuesta hasta el momento.
La declaración de Persad-Bissessar surge en un momento de tensiones regionales, particularmente tras la solicitud del presidente de Colombia para que Trinidad y Tobago intervenga en la recuperación de los cuerpos de 11 personas fallecidas en un ataque estadounidense contra un buque presuntamente vinculado al narcotráfico.
Por su parte, la abogada Nafeesa Mohammed, quien ha ofrecido representación legal a migrantes venezolanos, manifestó su inquietud y exhortó al Ejecutivo a asegurar que las deportaciones se lleven a cabo conforme a las leyes vigentes y los tratados internacionales.
“El debido proceso es un pilar de nuestra democracia. La relación con Venezuela es delicada, pero vivimos en un país con Constitución. Confío en que los presos tendrán acceso a sus derechos y que el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por la primera ministra, manejará la información con transparencia”, afirmó Mohammed.