«Esto no va a disuadirnos. Vamos a continuar trabajando en las deportaciones, avanzando esa misión», declaró DeSantis, un día después de que una jueza federal ordenara el desmantelamiento del centro en un plazo de 60 días y prohibiera la entrada de nuevos migrantes.
El gobernador calificó de «activista» a la jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, quien emitió el fallo tras haber sido nominada por el expresidente demócrata Barack Obama.
«Esta no es una jueza que nos iba a dar un trato justo», afirmó DeSantis durante un evento en Panama City.
Además de presentar una apelación contra la decisión, DeSantis reiteró que Florida proseguirá con sus esfuerzos de deportación, incluyendo vuelos semanales desde Tallahassee en colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Guardia Costera. Mencionó también un operativo reciente de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) que, en las últimas 72 horas, resultó en la detención de 200 inmigrantes, según informó el fiscal James Uthmeier.
«Estamos orgullosos del trabajo que nuestros equipos están haciendo y continuaremos desplegando todos los recursos disponibles para identificar, aprehender, y remover a todos aquellos que busquen explotar nuestro estado y amenazar a nuestra gente», subrayó el gobernador.
Los demandantes ambientales —Friends of The Everglades, Center for Biological Diversity y la tribu Miccosukee— manifestaron estar preparados para defender el caso hasta la Corte Suprema.
A pesar de la orden judicial, el gobierno estatal insiste en que las deportaciones continuarán desde el centro, cuya capacidad original era de 2.000 personas y se proyectaba una expansión a 4.000.
