Paul Chávez, un activista de Americans for Immigrant Justice, calificó la orden como «una gran victoria». Sin embargo, advirtió que «hoy se celebra y mañana se lucha», dado que más de 300 migrantes continúan detenidos en el lugar.
Durante una rueda de prensa, Chávez expresó su «gran agradecimiento a la jueza (Kathleen) Williams (del Distrito Sur de Florida) por conceder la orden preliminar», la cual detuvo la construcción del centro y la transferencia de migrantes. No obstante, aclaró que la operación del sitio «continúa».
«Los inmigrantes todavía están allí y hay preocupación de que continúen siendo retenidos en lugares similares en todo el país», manifestó Chávez, describiendo el centro como «una gran caja negra donde dejaban cuerpos». Los activistas también denunciaron que muchos migrantes fueron trasladados sin poder comunicarse con sus abogados, lo que agrava la situación.
Por su parte, Ana Sofía Pelaez, cofundadora de Migrant Freedom Project, afirmó que la victoria judicial «valida lo que todos sabían». Según Pelaez, «en su afán de provocar ira, dividir y generar titulares para la agenda antiinmigrante, el gobernador (Ron) DeSantis y el presidente (Donald Trump) Trump violaron abiertamente la ley».
Pelaez subrayó que «la lucha no ha terminado», ya que «todavía hay cientos de individuos encerrados en el sitio». Añadió que «Florida acaba de anunciar planes para encerrar a miles más en una instalación en el norte del estado sin la autoridad legal para hacerlo», en referencia a los planes del gobernador DeSantis de abrir nuevos centros.
