El fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, sostuvo un encuentro en La Haya con la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez. Durante la reunión, celebrada en la sede del organismo en Países Bajos, se abordó el progreso de las investigaciones relacionadas con presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela desde el año 2014.
Niang, quien ha asumido temporalmente responsabilidades de alto nivel en la Fiscalía tras la salida del fiscal jefe Karim Khan, reafirmó el compromiso de la CPI de «avanzar con las investigaciones para garantizar justicia a las víctimas». Destacó que la viabilidad de la «vía de complementariedad» dependerá de acciones concretas por parte del Estado venezolano para asegurar la rendición de cuentas a nivel nacional.
Por su parte, la vicepresidenta Rodríguez reiteró la postura del gobierno venezolano, enfatizando que en Venezuela «no se han cometido delitos» contemplados en el Estatuto de Roma. Ratificó la voluntad del Gobierno de «profundizar mecanismos de complementariedad positiva y cooperación técnica» con la CPI, siempre bajo el principio de la primacía de la jurisdicción nacional.
Adicionalmente, la vicepresidenta entregó un estudio publicado en la revista científica The Lancet. Según explicó Rodríguez, dicho estudio demuestra el impacto de las «medidas coercitivas unilaterales» en la salud de las poblaciones, señalando que estas sanciones provocan anualmente más de 564.000 muertes, afectando principalmente a niños menores de cinco años y adultos mayores en 152 países.
