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Urgen Ley Especializada para Combatir la Trata de Personas en Venezuela

Organizaciones exigen ley integral para combatir la trata de personas

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Al menos 4.761 mujeres, niñas y adolescentes venezolanas fueron rescatadas de redes de trata de personas entre 2019 y 2023, según cifras de la oenegé Mulier, presentadas durante el VI Seminario sobre Trata de Personas de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) el pasado 17 de julio.

Llamado a una Legislación Integral
Durante el evento, especialistas del Centro de Derechos Humanos (CDH) y del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Ucab, junto con organizaciones civiles, instaron al Estado venezolano a aprobar una ley especializada en trata de personas.

«Una regulación única permitiría consolidar las disposiciones existentes sobre la trata de personas, simplificando su interpretación y aplicación en el sistema judicial», explicó la abogada Desireé Vitale, citada por El Ucabista. Esto es crucial para asegurar que todos los casos sean tratados de manera consistente y justa.

La profesora María Gabriela Cuevas advirtió sobre la falta de aplicación efectiva de las normativas actuales, señalando que «no hay casos de aplicación de la norma que permitan decir que se están haciendo bien las cosas». También alertó sobre la penalización de víctimas que se ven forzadas a convertirse en victimarios, la escasez de investigaciones y la ausencia de protocolos judiciales claros.

Por su parte, Eumelis Moya, coordinadora del CDH Ucab en Guayana, subrayó la «impunidad generalizada y corrupción» que permiten que las prácticas abusivas se perpetúen. «Llegó la hora de proponer normas y avanzar hacia nuevos paradigmas», enfatizó Moya, resaltando la necesidad de una legislación específica sobre la trata de personas.

Rutas y Vulnerabilidades

El seminario también abordó las rutas nacionales e internacionales del tráfico de personas, que incluyen estados venezolanos como Bolívar, Táchira, Zulia, Delta Amacuro y Falcón, con conexiones hacia Brasil, Colombia, Trinidad y Tobago, Curazao y Aruba.

Solo en 2023, se registraron 1.395 víctimas venezolanas, de las cuales 80 eran niñas y adolescentes, según datos revelados por Mulier y reseñados por El Ucabista.

Las organizaciones participantes coincidieron en que la naturalización de la esclavitud moderna, la desinformación y la falta de políticas migratorias con enfoque de género agravan la vulnerabilidad de las víctimas. «Las migraciones están marcadas por múltiples formas de violencia. ¿Cómo están respondiendo los Estados? No se trata solo de sancionar los delitos, sino de trabajar en el apoyo y acompañamiento de las víctimas», concluyó Beatriz Borges, coordinadora de Cepaz.

Con información de noticiascol.com

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