«Nosotros sabemos que tenemos argumentos legales muy fuertes y somos optimistas… nosotros vamos a continuar la pelea en la corte», declaró Jessica Bansal, abogada litigante de la Alianza Nacional de TPS.
Las declaraciones se produjeron tras una audiencia en el tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones en Pasadena, California. Un panel de jueces escuchó los argumentos de una demanda que alega que la finalización del TPS para unos 600.000 venezolanos y haitianos fue motivada por una «animosidad racial y caprichosa».
Además, los demandantes aseguran que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad legal, violando la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
Bansal explicó que el panel hizo preguntas «difíciles» a ambas partes y cuestionó a los abogados del Gobierno Trump sobre la falta de precedentes para poner fin a un beneficio extendido por una administración anterior.
Noem puso fin a la extensión del TPS otorgada por el expresidente Joe Biden (2021-2025) a casi 350.000 venezolanos y unos 250.000 haitianos, después de calificar a los beneficiarios suramericanos de este programa como «desgraciados» y criminales.
A finales de marzo, un juez federal en California bloqueó el intento del Ejecutivo de acabar con el TPS, alegando que la decisión causaba un «daño irreparable» a quienes se acogieron a la protección y a sus familias. Sin embargo, la Casa Blanca llevó el caso al Tribunal Supremo, que a finales de mayo le permitió revocar el programa migratorio que concede un estatus legal temporal a más de 300.000 venezolanos mientras se desarrolla el litigio.
La Administración Trump había argumentado que el TPS para Venezuela va en contra del «interés nacional» de EE. UU. y que la Justicia no tiene la potestad de decidir sobre asuntos de política migratoria «urgentes».
Ahilan Arulanantham, del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), quien representó a la Alianza Nacional del TPS, afirmó que el Ejecutivo no tiene autoridad en este asunto, ya que todas las agencias gubernamentales deben apegarse al estatuto.
El TPS es un programa migratorio que protege de la deportación y otorga permisos de trabajo a personas de países que atraviesan situaciones humanitarias graves o desastres naturales.
El panel de apelaciones no ha fijado una fecha para entregar su decisión. Por lo pronto, una audiencia está programada para el 1 de agosto en el tribunal inferior de California sobre el caso.
La Casa Blanca dejó en pie el TPS otorgado a otras nacionalidades, como la de los salvadoreños, que protege a unos 200.000 inmigrantes desde 2001.
