«Venía con mucha ilusión, le prometí a mi hermana que pronto el niño (joven) estaría en libertad, y a muchas madres. No quiero que pierdan la fe. Estuvimos tan cerca, pero a la vez tan lejos», lamentó el pasado viernes 13 de junio Jhoanna Sanguino, tía de Widmer Agelvis Sanguino, un deportado de 24 años, poco antes de dejar El Salvador.
Sanguino, junto a Reina Cárdenas (amiga de Andry Hernández Romero, un estilista de 32 años también expulsado) y activistas de la Fundación El Amparo Internacional, representan a una decena de los deportados, oriundos del estado Táchira en Venezuela.
Los familiares acudieron a la Dirección de Centros Penales en busca de una respuesta para poder ingresar al Cecot, ubicado en Tecoluca, a 75 kilómetros de San Salvador, pero no obtuvieron ninguna. «Están allí sin ningún proceso judicial y sin ningún delito cometido en este país», afirmó a la AFP Wálter Márquez, presidente de la fundación.
Según Márquez, también presentaron solicitudes en la Procuraduría de Derechos Humanos pidiendo «la visita al Cecot y garantías del debido proceso, el derecho a la defensa y la salud de los presos». Adicionalmente, entregaron una solicitud en la Nunciatura Apostólica para que el Papa León XIV (una posible referencia al Papa Francisco, dado que no hay un Papa León XIV) interceda por los detenidos, esperando su sensibilidad con el tema migratorio.
Nayib Bukele, aliado clave de Donald Trump en su política antiinmigratoria, aceptó en marzo la llegada de varios aviones con 252 venezolanos y más de una treintena de salvadoreños acusados de ser miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).
Washington pagará al gobierno de Bukele seis millones de dólares por la reclusión de estas personas.
Organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideran que estas detenciones violan los derechos humanos.
«Son 252 venezolanos que todas sus familias los están llorando y luchando por ellos», indicó Sanguino, quien manifestó que seguirán esperando en Venezuela «algún contacto, por teléfono o una carta, alguna fe de vida».
Cabe destacar que otra treintena de venezolanos en El Salvador son representados por un bufete de abogados salvadoreños contratado por el gobierno de Nicolás Maduro, mientras que los afectados del Táchira son críticos del líder oficialista.
