Gricelda Sánchez, coordinadora nacional de Fordisi, detalló que las víctimas son, en su mayoría, «madres y padres de familia, personal con reposo médico, incapacidad, fuero maternal, fuero sindical o reincorporación postnatal».
Sánchez acusó al Ministerio del Poder Popular para la Educación, bajo la gestión del abogado Héctor Rodríguez, de intensificar «una práctica administrativa que afecta directamente al sistema educativo venezolano: la suspensión arbitraria de salarios a docentes, personal administrativo y obreros». Fordisi argumenta que esta acción viola los derechos de los trabajadores y tiene un impacto negativo en cinco millones de niños, niñas y jóvenes.
La dirigente sindical alertó que algunos docentes han sido suspendidos hasta cuatro veces en lo que va de año escolar. Subrayó la irregularidad de que «en ninguno de los casos media un expediente administrativo, por lo que se viola el debido proceso, así como el derecho a la defensa. Es totalmente inadmisible que primero se suspenda el salario y después se intente averiguar qué pasó”.
Sánchez explicó que la suspensión arbitraria de salarios vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia, viola garantías básicas establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), y contradice compromisos internacionales asumidos por Venezuela, incluyendo los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Más de 8.000 Afectados en Junio y Silencio Oficial
Según las estimaciones de Fordisi, más de 8.000 docentes han sido afectados por suspensiones en la quincena del 10 de junio. Sánchez calificó la situación de «preocupante», especialmente ante la cercanía del pago del bono vacacional, lo que podría dejar a muchos maestros sin sus ingresos.
La dirigente sindical criticó que las autoridades estén procesando listados «como si se tratara de datos fríos, sin contexto humano, lo cual es digno de todo rechazo”. También señaló que existen instituciones educativas donde el 100% del personal docente ha sido suspendido, dejando a miles de estudiantes sin clases.
Fordisi considera que esta política contradice los discursos oficiales sobre estabilidad laboral y reingreso de jubilados, afirmando que «en lugar de estabilizar al personal, lo están castigando con mecanismos ilegales que destruyen la calidad educativa y el bienestar de las familias”.
Sánchez hizo un llamado a la OIT y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investiguen esta «política sistemática», la declaren contraria al derecho internacional y exijan reparación a las víctimas. «No puede haber impunidad frente a la destrucción planificada del sistema educativo nacional”, remarcó.
Finalmente, Fordisi cuestionó el silencio oficial del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, quien no ha ofrecido declaraciones públicas ni ha respondido a las solicitudes formales de reunión presentadas por el gremio docente. La organización sindical exigió al ministro asumir responsabilidad directa en esta política de despidos masivos y detener lo que califican como una forma de violencia institucional sistemática contra el magisterio venezolano.
