La medida, efectiva desde la 1:00 AM (hora de la Costa Este), establece que el secretario de Estado, Marco Rubio, deberá presentar un informe a Trump en un plazo de 90 días con recomendaciones sobre la continuidad, modificación o finalización de esta disposición.
El nuevo decreto presidencial prohíbe la entrada de ciudadanos de 12 países: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Adicionalmente, restringe el acceso de ciudadanos de otros siete: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Se contemplan varias excepciones, incluyendo a personas con visas vigentes que ya se encuentren en EE. UU., residentes permanentes («green card»), o aquellos con doble nacionalidad. También están excluidos los portadores de visas diplomáticas, atletas y personal deportivo para eventos mayores, y personas de Afganistán con visas especiales.
Para ciudadanos de Cuba y Venezuela, el decreto prohíbe la entrada con visas de turismo (B-2), negocios (B-1), estudios (F, M) o intercambio cultural/académico (J). Además, ordena a las embajadas y consulados de EE. UU. a «reducir la vigencia» de otras visas de no inmigrante para estos ciudadanos, «en la medida que lo permita la ley».
Según la administración Trump, la medida es crucial para proteger la «seguridad nacional». Argumentan que las naciones afectadas no comparten información suficiente con Washington para «evaluar los riesgos de terrorismo o a la seguridad pública», y que sus ciudadanos «representan un riesgo significativo de quedarse en EE. UU. más allá del tiempo autorizado por sus visas.»
