«Los cuerpos estaban incinerados, irreconocibles», le dijo a BBC Mundo Fernando Bastías, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).
Eso hizo que el procedimiento de identificación de los cadáveres sea más complejo. «Estaban en un estado de descomposición», explicó.
Las familias acudieron el miércoles a la morgue de Guayaquil, pero tuvieron que regresar a sus casas con más preguntas que respuestas.
No había manera de hacer un reconocimiento visual de los restos, ni de tomar las huellas dactilares para compararlas con las de los menores.
Ahora los médicos forenses intentan avanzar en una segunda etapa del procedimiento que les permita hacer un reconocimiento antropológico, cuyos resultados serán entregados a las familias el próximo lunes.
Si no es posible identificar los restos, un escenario altamente probable en este caso, solo quedaría esperar a los resultados de las pruebas de ADN que pueden demorar hasta 40 días.
Serán días de agonía para los padres de Steven Medina, de 11 años, Saúl Arboleda de 15, y los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años.
Los cuatro salieron a jugar fútbol y nunca más regresaron a sus hogares. En la actualidad hay 16 militares detenidos por su presunta participación en la desaparición de los menores, ocurrida el 8 de diciembre.
La última señal de vida que se conoce de los niños forma parte del testimonio del padre de los hermanos Arroyo, quien dice haber recibido la llamada telefónica de un desconocido la noche que desaparecieron, advirtiéndole que fuese a buscar a los menores al camino que conduce a la Base Aérea de Taura.
Inesperadamente, relató Luis Arroyo, el hombre puso a uno de sus hijos al teléfono y éste le dijo: «Los militares nos cogieron, nos metieron palo, nos están acusando de un robo, nos dejaron botados. Papá por favor ven, sálvame».
Poco después, tras alertar a las autoridades, recibió una segunda llamada anónima avisándole que los menores se habían ido. «La mafia se los llevó».
Getty Images El caso ha conmovido a la sociedad ecuatoriana.
¿Qué se sabe?
En una declaración inicial, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, adjudicó la desaparición de los menores a «grupos delincuenciales».
Pero el lunes, Loffredo cambió la versión y reconoció que los menores fueron detenidos por una patrulla de 16 militares que se movilizaban en dos vehículos.
Los militares «observan a ocho personas que estaban presuntamente robándole a una mujer», explicó.
«Se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprehenden a tres personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía que lo había cogido», señaló el ministro en declaraciones a la radio City.
Loffredo confirmó que la patrulla militar involucrada en el hecho tiene su base en Taura, una zona ubicada a unos 30 kilómetros de la ciudad.
«Debe ser que, camino a la base, toman la decisión de dejar libres a estos niños», agregó Loffredo.
Getty Images Familiares llegan al centro de medicina forense en Guayaquil para identificar los posibles cuerpos de sus hijos.
«No puedo más»
¿Qué pasó realmente esa noche durante el operativo militar?, ¿por qué habrían abandonado a los menores en la calle?, ¿los llevaron a otro sitio?, ¿participaron otras personas?, ¿cuál fue el motivo de la desaparición?
«Siento que ya no puedo más. Quiero que mis hijos vengan y me digan mami, ¿ya está la comida?‘», dijo llorando en un video Katy Bustos, la madre de Ismael y Josué.
Mientras la Fiscalía investiga el caso como una desaparición forzada, decenas de ecuatorianos han protestado en las calles exigiendo justicia.
Claman porque se identifiquen lo antes posible los cadáveres hallados cerca de la base aérea donde estaban destinados los 16 militares involucrados en la detención irregular de los menores.
Los militares se encuentran bajo custodia militar, a la espera de la audiencia de formalización de cargos, y las indagaciones están a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza en Quito.
La agencia Associated Press (AP) tuvo acceso a las imágenes de cámaras de seguridad que muestran el momento en que dos de los menores son capturados por los militares y subidos a una camioneta.
Ambos son puestos boca abajo y a uno de ellos, un militar le da un puñetazo en la cabeza, informó la agencia.
Estas imágenes, agregó AP, están en poder de la Fiscalía, la Unidad Antisecuestros de la Policía y la Asamblea Nacional.
En una audiencia de habeas corpus celebrada el martes, la jueza Tanya Maricela Loor Zambrano dijo que «se comprueba la vulneración de los derechos de la vida, integridad personal, interés superior del niño, a la supervivencia, al desarrollo y pertenecer a grupos de atención prioritaria de los niños», por lo cual dictó medidas cautelares a favor de familias.
Getty Images Los cuatro menores desaparecieron el 8 de diciembre.
La jueza ordenó que el Estado ecuatoriano, a través del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, y las instituciones de seguridad nacional realicen los actos investigativos pertinentes en todo el territorio nacional para dar con el paradero de los cuatro menores.
Al final de la audiencia, los familiares dijeron: «Queremos a nuestros hijos con vida».
«No es un caso aislado»
Ecuador vive en un estado permanente de militarización, luego que a comienzos de 2024, en medio de una oleada de violencia de los grupos dedicados al narcotráfico y con una de las mayores crisis carcelarias que ha enfrentado el país, el gobierno de Daniel Noboa sacara a los militares a las calles para luchar contra el crimen organizado.
En aquel momento, el mandatario dijo que las Fuerzas Armadas tendrían la misión de apoyar las labores policiales para mantener el orden y la seguridad, y elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a las bandas como grupos «terroristas».
Así, desde prinicpios de año el país ha vivido en estado de excepción y los militares custodian permanentemente las calles con amplias facultades para realizar operativos de seguridad.
Getty Images Los padres de Steven Medina, de 11 años, (a la derecha y el centro en la foto) conversan con el abogado Fernando Bastías.
«La fuerza pública se supone que debería garantizar la seguridad ciudadana», dijo Fernando Bastías, abogado del CDH, en diálogo con BBC Mundo.
El caso ha generado manifestaciones en las calles y ha tomado un carácter emblemático, entre otras razones, porque involucra la desaparición de niños y porque «no es un hecho aislado».
«Todo el mundo conoce casos de abuso policial y militar, por ende esta fue la gota que rebalsó el vaso», agregó Bastías.
«Han habido desapariciones sistemáticas a lo largo de este año con la militarización de la seguridad ciudadana».
«Nosotros estamos ahora acompañando 10 casos, pero hay muchos otros».
Sobre los menores desaparecidos, Bastías dijo que es una práctica muy común que existan operativos militares al margen de la ley que, «en las mejores circunstancias terminan en tortura, pero en las peores, bajo indicios de desaparición forzada».
La desaparición de los niños ocurre cuando el presidente Daniel Noboa buscará la reelección en los comicios del 9 de febrero para gobernar el país por un período completo (2025-2029) tras haber ganado los comicios extraordinarios de 2023, después de la salida anticipada del expresidente Guillermo Lasso.
El país ya ha entrado en período de campaña electoral y en ese contexto, el caso de los cuatro menores desaparecidos podría convertirse en una piedra en el camino para las aspiraciones del mandatario, especialmente cuando las encuestas difundidas hasta ahora, arrojan que la contienda apunta a un nuevo cara a cara entre el actual presidente y la candidata presidencial del correísmo, Luisa González.
Como el tema de la seguridad es fundamental para los votantes, tanto el gobierno como la oposición han expresado públicamente su respaldo para que los hechos se esclarezcan cuanto antes.