Trinidad y Tobago: Decenas de venezolanos hacinados en helipuerto denuncian tratos crueles

Los abogados también advierten que, debido a la detención ilegal de sus clientes durante 15 días, antes de que el helipuerto fuera designado como centro de detención de inmigrantes, los 70 venezolanos tendrán derecho a denunciar daños y perjuicios.

En una carta de protocolo de acción previa del bufete de abogados Quantum Legal, enviada el lunes al ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds, los abogados exigen la liberación de los 70 migrantes o que sean colocados en órdenes de supervisión, en espera de la determinación de su solicitud a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Quantum Legal también pidió a Hinds que no deporten al grupo hasta que se determine su estatus de refugiado con el ACNUR. Pidieron la información que el ministro utilizó cuando emitió órdenes de deportación para el grupo el 24 de julio.

Los abogados también pidieron a Hinds que dé efecto a una política nacional de 2014 sobre protección de refugiados o diga si esta política ha sido revocada.

Se le pidió a Hinds que proporcionara una copia del informe de investigación sobre una detenida que alegó haber sido agredida sexualmente, y que “actuara de manera consistente con los requisitos de la exención y remediación en virtud de la Ley Leahy de los Estados Unidos, que se refiere a las disposiciones legales que prohíben al Gobierno de los Estados Unidos usar fondos para ayudar a las unidades de las fuerzas de seguridad extranjeras cuando haya información creíble que implique a una unidad por graves violaciones de los derechos humanos”.

“Ya han transcurrido veintidós (22) días desde su detención el 9 de julio de 2023. Aún así, no hay evidencia de ningún acuerdo para la deportación real de los posibles reclamantes, es decir, ninguna fecha programada o ningún arreglo para su deportación”, dijeron los abogados.

En la carta a Hinds, los abogados dijeron que la detención de los 70 y la emisión de órdenes de deportación eran “equivalentes” a sanciones por su entrada ilegal.

También citaron las diversas leyes y convenciones internacionales sobre refugiados y cómo se aplicaban a Trinidad y Tobago.