El pasado 3 de marzo, la Fiscalía de Ecuador acusó a Moreno, su esposa y más de una decena de vinculados tuvieron protagonismo en una red de corrupción entre 2009 y 2018.
Moreno, en entrevista con Ecuavisa, comentó que está consultando con sus abogados sobre las acciones a seguir, no obstante indicó que «en principio sí» pedirá asilo en Paraguay, país en el que reside actualmente, desde donde ejerce el cargo de comisionado del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) para asuntos de discapacidad.
Moreno, junto a otras 36 personas, es investigado en esa causa, también conocida mediáticamente como ‘Ina Papers’, en la que se indaga sobre una supuesta red de corrupción en torno a la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, en la que los involucrados habrían recibido cerca de 76 millones de dólares en coimas provenientes de la empresa Sinohydro, la constructora de esa obra.
Entre el pasado viernes y el domingo se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos, en la que la Fiscalía General del Estado (FGE) acusó a las 37 personas del presunto delito de cohecho.
Aunque la FGE pidió prisión preventiva para 23 de los acusados y arresto domiciliario para los 14 restantes —mayores de 65 años—, incluyendo a Moreno, el conjuez nacional Luis Adrián Rojas dispuso medidas alternativas.
A Moreno y a su esposa, Rocío González, también involucrada, les ordenó la presentación cada 15 días en la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. La misma medida se dictó para Xavier M., otro de los acusados.
Respecto a esa medida, que obligaría al exmandatario a estar viajando constantemente de Asunción a Quito, Moreno manifestó en la reciente entrevista su preocupación por el «maltrato» que le ocasionarían esos viajes.
