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Por hecho de corrupción, esposa de Rafael Ramírez será juzgada en Venezuela

|Con información de focoinformativo
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La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente la solicitud formulada por Venezuela para que Italia y España envíen vía extradición a Beatriz Sanso de Ramírez, esposa del expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, según sentencia 368 redactada por la magistrada Elsa Gómez Moreno.

La Sala tomó decisiones similares para extraditar al Baldo Sanso Rondón, cuñado de Ramírez; Nervis Villalobos (ex viceministro de Energía) y Jorge Antonio Nery Bonilla, empresario de medios de comunicación, según sentencias publicadas simultáneamente. En relación a Rafael Ramírez, la Sala trató el tema de su extradición por cuarta vez, declarando procedente tal solicitud, publica Últimas Noticias.

Estas cinco personas se encuentran presuntamente implicadas en un esquema de corrupción documentado por la fiscalía suiza entre los años 2020 y 2021. Dicho ente europeo identificó ‘’gran cantidad de cuentas bancarias multimillonarias, las cuales se presume que el dinero de las mismas proviene de fondos públicos malversados en Venezuela’’.

En el marco de esas investigaciones, durante febrero del 2020, un tribunal federal suizo ordenó la liberación de documentos bancarios vinculados a un desfalco a Pdvsa por 4.500 millones de dólares y en el cual están presuntamente comprometidos el banquero helvético Charles Henry De Beaumont, según refiere la Sala Penal.

Los magistrados revisaron los requisitos exigidos para declarar procedente la extradición de un imputado y constataron que Ramírez, los hermanos Sanso, Villalobos y Nery tienen órdenes de aprehensión emitidas por un tribunal penal.

En razón de ello, la Sala acordó avalar la extradición de esas personas para ser juzgadas en Venezuela por peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio o falsa alegación, legitimación de capitales y asociación, dice la sentencia.

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Los magistrados dejaron claro ante Italia y España, naciones donde se encuentran los imputados, que éstos serán juzgados con las debidas garantías constitucionales.