Al Despacho del premier Aníbal Torres, fue enviada una carta para exponer la difícil situación que enfrentan miles de ciudadanos venezolanos, con el tema de imposición de altas multas por vencimiento de prórroga de residencia, que por lo elevado de los montos resultan “impagables”.

En la comunicación con fecha 23 de mayo de 2022, firmada por Oscar Pérez, presidente de Unión Venezolana en Perú, se solicitó de manera respetuosa a las autoridades del gobierno peruano, evalúen medidas excepcionales que puedan mitigar la compleja situación que afrontan alrededor de 100.000 ciudadanos venezolanos, quienes tienen sanciones de multa que en algunos casos superan los 4.000 dólares, por no haber iniciado el trámite de prórroga de residencia antes de su vencimiento .

“Apelamos a la visión humanista del premier para que evalúe por razones humanitarias algún tipo de excepción que permita a ese grueso número de venezolanas y venezolanos honestos y trabajadores continúen manteniendo su estatus migratorio vigente, pues al no haber podido prorrogar su residencia antes del vencimiento, ahora están condicionados al pago de estas multas para poder regularizar su situación, mientras pierden empleos, están imposibilitados de movilizar sus cuentas bancarias o realizar trámites ante instituciones públicas o privadas”, señaló Oscar Pérez.

Asimismo, refirió, que un significativo número de los afectados, están siendo atendidos por un grupo de especialistas en temas psicológicos, debido a la incertidumbre sobre su legalidad en Perú, les ha ocasionado un serio impacto en la salud mental.

El presidente de Unión Venezolana en Perú recordó, que el monto de las multas asciende a 46 soles diarios (12 dólares), y añadió que la Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que reside de Perú, (ENPOVE-2018), registra que los hombres perciben una remuneración de al menos 10 dólares diarios, mientras que el ingreso de las mujeres es de 9 dólares por día. “Las personas multadas en su inmensa mayoría, no tienen capacidad de pago para lograr honrar estas multas, que ahora les impide mantener su situación migratoria regular en Perú”.

Ante tal situación, resulta evidente la precariedad en las que algunos extranjeros se mantienen, ya que según estudios de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 9 de cada diez venezolanos desempeña trabajos informales o está desempleado y 7 de cada diez comen menos de tres veces al día, lo que resulta imposible que los extranjeros en su gran mayoría puedan tener la capacidad económica para pagar estos altos montos por las sanciones impuestas.

Al primer ministro también se le informó, sobre las diferentes razones que originaron este problema, como la confusión generalizada entre los extranjeros por las fechas de vencimiento de la residencia impresa al reverso del plástico y otra distinta que solo refleja el sistema.

También la pandemia representó un obstáculo, tomando en cuenta el confinamiento y los innumerables puestos de empleos perdidos, que afectaron seriamente a los extranjeros, que se vieron imposibilitados de iniciar el proceso de prórroga de su residencia antes de su vencimiento.

“Es importante que este grave problema se vea de igual forma con suma urgencia, pues el hecho que 100 mil personas pierdan su calidad migratoria de residencia, se convierte en una situación que atenta contra la seguridad y el orden interno del país”, finalizó.

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