Denuncian violación de derechos humanos de venezolanos detenidos en prisiones migratorias de EE UU

Aunque es la undécima nación con mayor número de casos en las cortes migratorias (74.450) por detrás de México (1.628.141), Guatemala (729.546), Honduras (658.084), El Salvador (577.412), China (157.02), Brasil (132.356), Cuba (118.904), Ecuador (86.779), Haití (81.674, India 74.590), la cantidad cada día va en aumento lo que hace proyectar que se podría ubicar en poco tiempo entre los primeros lugares.

De los 74.450 venezolanos que esperan por su audiencia, 58.711 casos se abrieron en los últimos cuatro años, esto demuestra que la llegada de connacionales a través de la frontera entre México y Estados Unidos deja de ser la excepción y comienza a ser la regla, de quienes huyen del régimen de Nicolás Maduro. Hasta el año fiscal de 2018 solo había 15.739 casos de venezolanos en cortes migratorias.

Del total de venezolanos con un expediente abierto, 59.782 nunca fueron detenidos en una cárcel de Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés); 9.707 habían sido detenidos y posteriormente fueron liberados, mientras que 4.939 permanecerían detenidos, según estadísticas de TRAC Immigration, organización de recopilación, investigación y distribución de datos de la Universidad de Syracuse, de Nueva York.

Sistema penitenciario sombra para inmigrantes irregulares

La experiencia de la detención para quienes deciden cruzar la frontera es desoladora, en las prisiones migratorias donde se le vulneran en la mayoría de los casos sus derechos humanos.

Ismael Ramos, de 25 años, coordinador general juvenil de Voluntad Popular en Maracaibo, estado Zulia, cruzó la frontera a través de Río Grande en mayo de 2021, desde el momento en que pisó territorio estadounidense fue detenido por las autoridades.

Ramos pasó tres días en el refugio que está prácticamente en la frontera con México y Estados Unidos, luego fue llevado a un centro de detención en Mississippi, donde pasó el primer mes. Después lo llevaron al Winn Correctional Center en Louisiana.

Winn Correctional Center es un antiguo centro de detención convertido en una prisión en la sombra, un sistema penitenciario creado exclusivamente para inmigrantes, que opera en secreto y sin programas para apoyar a los que están adentro. En 2018, la Administración de Donald Trump reabrió esta instalación, según Detention Watch Network, una coalición que promueve la abolición de la detención de inmigrantes en EE UU.

De acuerdo con la información que proporcionó su esposa Emiliangelis de Parra, se pudo conocer que en dicho centro de detención las condiciones de los detenidos son paupérrima.

Emialingelis denunció que en Winn Correctional Center “el agua para tomar no es potable, está amarilla y sucia; la comida está vencida y tiene gusanos. Muchos se han enfermado por esta causa“.

Asimismo explica que “hay deficiencia en la atención médica. Se tardan demasiado en atenderlos y hay casos de úlceras, erupciones en la piel, asma, hipertensos. A todos los que presentan algún cuadro clínico le recetan ibuprofeno“.

En el caso específico de Ismael, su esposa advierte que “ha estado presentando taquicardias , dolores de cabeza fuertes y pérdida de la audición del oído izquierdo“.

Los detenidos sufren maltratos psicológicos

Las condiciones de insalubridad también forman parte de lo que tienen que soportar los inmigrantes irregulares detenidos. “Los baños están sucios, no los limpian y tampoco facilitan productos de limpieza. Muchos detenidos tienen meses sin sentarse en la poceta para hacer sus necesidades. Las que están “funcionando” están llenas de residuos de excremento. Cuando el detenido está haciendo sus necesidades todos ven y huelen. En esa misma poceta hacen sus necesidades hasta cinco detenidos“, relata Emiliangelis según lo que le cuenta su esposo Ismael que está padeciendo.

Todos los días le permiten hacer una llamada de 20 minutos en los que Ismael le relata las condiciones que está viviendo. Ella resume la experiencia como “maltrato psicológico por parte de los oficiales de ICE. Los oficiales les dicen siempre que los van a deportar y serán entregados al gobierno de Venezuela“.

De acuerdo con su relato, existen al menos otros 80 venezolanos en el mismo centro de detención aguardando por el apoyo consular del gobierno interino para defenderlo de la vulneración de sus derechos humanos, así como la posibilidad de brindarles una defensa justa y diferenciada por cada caso.

Rolando Vázquez, abogado migratorio que lleva el caso de Ismael y otros venezolanos en su misma situación se reunió recientemente con el senador republicano Marco Rubio para pedirle que se pronunciara al respecto de la deportación masiva de venezolanos. Hasta ahora, dicho pronunciamiento no ha ocurrido.

Unos días antes de conversar con Emiliangelis, el representante del gobierno interino ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, llamó a su esposo para conocer su caso. Pasaron casi cinco meses sin que las autoridades diplomáticas se pusieran en contacto con él.

El dirigente político fue agredido en una marcha en 2017 y amenazado por colectivos paramilitares en 2020, esto último motivó su huida a EE UU. Su papá y hermano residen en el país desde hace tres años, ellos también cruzaron la frontera pero no sufrieron las circunstancias que enfrenta actualmente Ismael.

Aunque Emiliangelis no sabe todos los detalles del viaje de su esposo, relata que cruzó la frontera de Venezuela con Colombia en carro, hasta llegar a Bogotá y de ahí tomó un avión hasta México, donde los esperarían los coyotes. “Pensamos que sería más fácil si él se iba primero. Para completar su viaje que lo llevarían hasta la frontera con EE UU, Ismael habría pagado alrededor de 3.500 dólares.

Ella no pudo viajar con su esposo porque no tiene pasaporte, pero asegura que cuando le llegue su renovación intentará hacer el mismo trayecto que él para reencontrarse. “Somos un matrimonio joven llenos de sueños, yo tengo 22 años y él 25. Llevamos 4 años de casados. Y nos queda toda una vida por delante, la cual queremos aprovechar al máximo“.

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