El juez Iván León, tras ratificar que el proceso se encuentra «ejecutoriado» o «en firme», dispuso que se cursen los oficios respectivos a las autoridades policiales par la «inmediata localización y captura» de los sentenciados.
Además de Correa, la orden pesa contra su ex vicepresidente Jorge Glas (en prisión por otro caso de corrupción), y otros ex funcionarios y varios empresarios envueltos en la trama de corrupción.
El magistrado también pidió que se remitiera un oficio al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, ya que la condena dispone «la pérdida de los derechos de participación de todos los condenados, por un tiempo igual al de la pena».
Asimismo, decidió enviar al Ministerio de Economía una orden para que se elimine la pensión vitalicia que recibían Correa y Glas, en calidad de ex mandatarios.
También ordena que las instituciones pertinentes tomen nota de los montos sobre la indemnización a las víctimas del delito, sobre el comiso de bienes para cumplir con la «reparación integral» por un monto global de 14.745.297,16 dólares.
En el caso de Correa y otros condenados como autores o coautores del delito. Se impone un pago de 778.224,017 a cada uno, mientras que una cuantía de 368.632,43 a los cómplices.
El pasado 7 de septiembre, un Tribunal de Casación de la Corte Superior de Justicia rechazó el recursos de casación interpuesto por Correa y otros imputados. Por lo que ratificó, en última instancia, la condena a ocho años de prisión.
El caso investigó una red de corrupción mediante la cual se recibieron «aportes indebidos» en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento político oficialista Alianza País a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht.
