La información suministrada por la vicepresidente ejecutiva Delcy Rodríguez informó además que el registro de actividades económicas se redujo de 600 códigos a 22, lo que permitirá, en teoría, simplificar y unificar, a escala nacional, las estructuras tributarias muy dispersas que había en los municipios.
En la práctica, los 305 gobernantes locales chavistas aceptaron renunciar a las potestades que brinda el principio de autonomía municipal. El alcalde de Maracaibo, Willie Casanova, dijo que voluntariamente han aceptado funcionar «como un solo gobierno».
Igualmente, el acuerdo contiene una Tabla Única de valores para la construcción, lo que unifica los tributos la estructura de los impuestos aplicados al sector inmobiliario.
Tanto Rodríguez como la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, calificaron este acuerdo como «histórico».
La intención del gobierno es conseguir que el Tribunal Supremo de Justicia levante la suspensión del cobro de tasas municipales y cumplir la instrucción del poder judicial de «armonizar» la estructura tributaria a escala local.
El convenio se suscribió entre el Consejo Bolivariano de Alcaldes, que integra a 305 de los 335 gobernantes del país, pero una vez que el TSJ levante la suspensión y ordende la aplicación del acuerdo como norma general, los restantes 30 alcaldes tendrán que incorporarse a estas normas.
El acuerdo, según Rodríguez, permite evitar duplicidades de cobro para las empresas y, además, «protege al pueblo de factores ´distorsionadores´en las estructuras de costos y que generan aumentos de precios de los productos».
