Desde 2012
El Ministerio Público imputó cargos a dos personas de nacionalidad venezolana vinculadas a la venta ilegal de salvoconductos, por el delito contra la fe pública (falsificación de documentos) y decretó la notificación y prohibición de salida del país.
La diligencia judicial se dio luego que el Ministerio de Comercio e Industria (MICI) confirmara que la pequeña empresa que representaban, había generado 54 salvoconductos supuestamente para el cargo de mensajería.
Según las autoridades, la empresa vendía los salvoconductos validados por la autoridades competente a un precio de $80 dólares con el nombre y la cédula del solicitante.
Los salvoconductos emitidos por esta empresa fueron invalidados por el Ministerio de Comercio e Industria (MICI). El salvoconducto es el documento que autoriza la movilidad de trabajadores de las empresas cuyas actividades están exceptuadas del Decreto 507.
Dos personas de nacionalidad venezolana vinculadas a la venta ilegal de salvoconductos, fueron imputadas por el delito contra la fe pública (falsificación de documentos), y se les decretó la notificación y prohibición de salida del país.
