Con 5 votos a favor y 4 en contra, el fallo supone una victoria para la Administración del presidente, Donald Trump, y su política migratoria. Así, aquellos estados que así lo deseen podrán procesar a migrantes e imputarlos con cargos como “robo de identidad” sin interferir con las leyes de inmigración federales.
El caso pone en evidencia las crecientes tensiones sobre lo que pueden o no hacer los estados a la hora de aplicar las leyes federales de inmigración: algunos estados intentan aplicar medidas más agresivas a favor del Gobierno y otros tratan de evitar cualquier tipo de cooperación con las autoridades federales.
Los jueces Stephen Brexer, Elena Kagan, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor han indicado en su carta de disentimiento que la decisión “abre una brecha colosal”, según informaciones de la cadena de televisión CNN.
Tal y como recoge la misiva, “las leyes federales dejan claro que solo el Gobierno federal puede juzgar a aquellas personas que falsifican el estatus que los autoriza a trabajar” en el país.
El Tribunal Superior de Kansas había fallado previamente que la autoridad para determinar si un migrante puede trabajar en Estados Unidos es exclusiva del Gobierno federal.
El caso se produce después de que varios estados de mayoría republicana presionaran para poder procesar de forma más estricta a los migrantes y poder desempeñar un mayor papel a la hora de aplicar la ley.
Sin embargo, esto afecta al debate sobre las conocidas ‘ciudades santuario’ –aquellas en las que los funcionarios locales se pueden negar a entregar a los migrantes ilegales para que sean deportados– y las jurisdicciones locales establecidas para limitar la cooperación con las autoridades federales.
En general, cuando se trata de inmigración, la ley federal reemplaza la ley estatal para evitar un mosaico de diferentes regulaciones en todo el país.
