La Fiscalía boliviana volverá a tramitar ante la Interpol la emisión de una notificación roja contra el ex presidente Evo Morales, acusado por el gobierno interino de Jeanine Áñez por delitos como sedición y terrorismo, después de que la entidad rechazara una primera solicitud.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aseguró a los medios este jueves que su despacho cumplió con todo lo que señala el procedimiento que establece la Interpol para hacer esta solicitud, pero pese a ello recibieron como respuesta el rechazo a la activación de las notificaciones azul y roja contra Morales.
La réplica de la Interpol fue muy escueta y no señala cuál el motivo de ese rechazo, por lo que el Ministerio Público solicitó una aclaración al respecto, indicó.
«Viendo esta situación que no es definitiva, de acuerdo al cambio de circunstancias, se puede volver a solicitar la activación de esta notificación roja», explicó Lanchipa.
«Con base a esa respuesta (…) nosotros vamos a pedir, de acuerdo a las circunstancias, que puedan modificar algún otro elemento para reiterar la solicitud», agregó el fiscal.
Una notificación roja es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar, según explica la Interpol en su sitio web. Esta notificación es un aviso internacional sobre personas buscadas, pero no es una orden de detención.
Evo Morales está acusado ese mismo mes de incitar a la violencia contra el ejecutivo provisional desde su asilo en México, donde se encontraba antes de partir hacia Argentina.
La denuncia se sustenta en pruebas como un video en el que se escucha una voz atribuida a Morales, cuya autenticidad no está confirmada por fuentes independientes. En esta, supuestamente incita a un dirigente cocalero en Bolivia a mantener bloqueadas las ciudades para impedir el ingreso de alimentos y combustibles.
La comisión de fiscales del caso emitió el 18 de diciembre una orden de aprehensión, argumentando que Morales no goza de privilegios porque las acusaciones de graves delitos como sedición y terrorismo presentadas por el gobierno transitorio corresponden a cuando ya no era presidente.
El ex gobernante dijo varias veces que era presidente mientras el Parlamento boliviano no tratase su renuncia, lo que finalmente ocurrió el pasado 21 de enero.
Los detractores de Morales advirtieron entonces de que aquello se trató de una estrategia jurídica y política de su partido, el MAS, que controla el Legislativo, para librarlo de afrontar procesos judiciales en la vía ordinaria.
En declaraciones a un medio argentino, Morales dijo este jueves que valora jurídicamente retornar a su país. Esto al considerar nula la orden de detención en su contra por ser anterior al 21 de enero.
«Hasta el 21 de enero no proceden juicios ordinarios y menos una orden de aprehensión. Entonces todos los procesos que empezaron quedan nulos», manifestó a radio El Destape.
El ex presidente no descartó la posibilidad de presentarse como diputado o senador en los comicios del próximo 3 de mayo, algo que también ha levantado polémica en Bolivia.
