Como había hecho en diciembre con la causa por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, Bonadio también pedirá el desafuero y la detención de la ex Presidenta.
Según un informe que divulgó el juez hace unas semanas, la investigación reveló “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), actuó entre los años 2003 y 2015”.
El objetivo fue “procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”, indicó Bonadio.
Hace veinte días, el fiscal Stornelli amplió el objeto de la investigación y delimitó que la maniobra delictiva se inició en 2003 y se prolongó hasta 2015. Además, en cuanto a la organización de la causa, a raíz de las declaraciones de los imputados colaboradores se generaron tres nuevos expedientes según las áreas en las que el gobierno kirchnerista recaudaba los pagos ilegales: el sector energético, la obra pública civil y el transporte.
Mientras la causa central de los cuadernos se encuentra al borde de los primeros procesamientos, el juez entendió que corresponde “profundizar la investigación respecto a estos sistemas”, para que no se entorpezca la causa central conocida como los “cuadernos de las coimas”.
