La medida se formalizó en una resolución conjunta de lo ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Comercio Exterior e Inversión Internacional, y Banca y Finanzas.
Entre las personas incluidas figura el presidente panameño, Juan Carlos Valera; la canciller, Isabel de Saint Malo; el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán; y la ministra de Gobierno, María Luisa Romero.
En el caso de las empresas figura la Compañía Panameña de Aviación, Vida Panamá, Supercentro Casanova, Casablanca, Novatex y Pan Colombia Travel.
El Gobierno venezolano señaló que en numerosos procesos ejecutados por el Poder Ciudadano en materia anticorrupción han «evidenciado el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dineros y bienes proveniente del delito contra el patrimonio público».
Ante este escenario, Venezuela señala que estos delitos han sucedido bajo la opacidad del sistema financiero de Panamá y «con la colaboración de sujetos nacionales panameños dentro y fuera del país».
