El primero de estos ataques ocurrió el pasado primero de noviembre al momento que Piña se desplazaba junto a su familia en su auto por el sector R-10 de Cabimas. En esa oportunidad cuatro sujetos lo interceptaron en un semáforo y le efectuaron varios disparos que afortunadamente solo atinaron en el vehículo.
Dos meses después, el 20 de enero de este año, se repitió el atentado cuando retornaba de Maracaibo a su residencia en Cabimas, igualmente en compañía de sus hijos y esposa.
“No tengo problemas personales con nadie. Soy un hombre de una gran solvencia moral y por ello presumo que esos atentados, que ya denuncié ante el departamento de investigaciones de la GNB, hayan sido ejecutadas por una serie de denuncias que de alguna manera trastocan intereses gubernamentales”, aseguró el constitucionalista.
Una de esas denuncias hechas por este abogado fue sobre una especie de mafia enquistada en el circuito judicial penal de Cabimas y otra contra un desvío de cajas del Clap que fueron desviadas y no llegaron a Cabimas.
Pero en el 2013 Rubén Piña introdujo cerca de 50 demandas de trabajadores tercerizados del sector salud de la entonces gobernación del Zulia.
Esas demandas fueron ganadas ante instancias judiciales pero nunca fueron canceladas y por ello los trabajadores perdieron sus prestaciones.
Desde entonces Piña continúo con su lucha y fue objeto de constantes amenazas.
Aseguró que tras los atentados pudiera estar la mano del estado y por ello lo responsabiliza de cualquier daño físico que pueda sufrir el junto a su familia.
“No me van a detener en mi lucha por los derechos humanos y me mantendré en pie de lucha aquí o en cualquier punto de la geografía mundial”, agregó Piña para concluir su declaración.
