Expertos instan al pueblo a desconocer Constituyente ilegal

La decisión de encargar a los movimientos sociales y populares de la elección de los Constituyentes, quienes redactarán el nuevo texto constitucional, sin consultar al pueblo, es la consideración que toman los especialistas para calificar esta acción como nula, ilegal y violatoria de la Carta Magna actual.

ENPaís consultó a tres abogados constitucionalistas que dieron su perspectiva de las causas, consecuencias y acciones a tomar para detener este proceso que determinará la estabilidad de la nación en medio de una crisis sin precedentes.

Hernández: Maduro usurpa la soberanía popular

El abogado constitucionalista José Ignacio Hernández afirmó que el presidente Maduro, continúa con el golpe de Estado en Venezuela con la convocatoria a redactar una nueva Constitución.

Hernández afirmó que la tesis del Gobierno de no realizar una consulta popular para saber si aprueban una nueva Carta Magna es falsa, debido a que en la constituyente de 1999 la Corte Suprema de Justicia y el fallecido Hugo Chávez, en su decreto número 3, establecía que la Constitución de 1961 “permitía la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) porque reconocía que la soberanía reside en el pueblo y era necesario consultarle si quería o no una Constituyente”.

En este sentido, indicó que Maduro se atribuyó la soberanía del pueblo, establecido en el artículo 5 y 347 de la Constitución, por lo que esto es una continuación del golpe de Estado “permanente en Venezuela”.

“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, solo él decide si quiere o no una Constituyente”, señaló el abogado y añadió que al no consultarle al soberano esta decisión “no hay, ni puede haber legítima convocatoria de Asamblea Constituyente alguna”.

Cuestionado por las diferencias entre esta Constituyente y la de 1999, el abogado aseguró que además de no consultarle al pueblo, en este proceso se plantea una elección sectorizada de los constituyentes “es decir, como dijo el presidente, cada sector de este Poder Popular -trabajadores, obreros, campesinos- postularía a candidatos dentro de su propio seno”.

Para Hernández, esto no es una elección universal, sino que”se elige por estamento, representantes de grupos (…) elecciones propias de regímenes fascistas”.

Con respecto a si hay posibilidades de detener el proceso, Hernández descartó que se pueda hacer por la vía institucional, pero señaló que “solo el pueblo puede frenar esta usurpación y para eso tendría que acudir al artículo 350 de la Constitución, en concordancia con el 333, esto significa que el derecho del pueblo a desconocer esta ANCpor fraudulenta”.

Raffalli: Gobierno quiere un “paquidermo” de Constituyente

El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli aseguró que la convocatoria de Nicolás Maduro y las bases comiciales para la creación de una nueva Constituciónconvierten el actual proceso es “un disfraz de Constituyente”.

Para Raffalli, el voto sectorial y los constituyentes municipales eliminan la virtud universal del voto, debido a que esto significa que “los sectores afectos al Gobierno, que viven de él y reciben subsidios, van a tener siempre candidatos que van a apoyar las posturas del Gobierno, por lo que van a manejar y dominar la Constituyente”.

Asimismo, indicó que otra de las irregularidades son los constituyentes electos por municipios, porque en su consideración “será más fácil controlar y distribuir el número de constituyentes, con base a los municipios que el Gobierno quiera”.

En este sentido, el abogado explicó que el objetivo del Gobierno es controlar la mayoría de la ANC para que hacer “lo que le dé la gana sin tener mayoría” y retrasar las elecciones para ganar tiempo.

Cuestionado sobre este punto, Raffalli señaló que la idea de elegir 500 constituyentes es “hacer un paquidermo (animal muy grande), que demore años y que elegirlos tarde mucho tiempo para que el Presidente, si esto sale mal, gane todo el tiempo del mundo”.

Por último, el abogado indicó que la única manera de detener el proceso es “con la gente en la calle” y añadió que, de concretarse esta nueva Constitución, Venezuela será “un Estado sin cánones democráticos” y con una “profunda conflictividad”.

Apitz: Gobierno quiere constitucionalizar la represión

El abogado y profesor universitario Juan Carlos Apitzexplicó cuáles serían las pretensiones jurídicas del Gobierno Nacional con la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Hizo énfasis en que la derogación de la Constitución de 1999, lo cual sería el verdadero propósito de esta medida, conllevaría a la constitucionalización de la represión policial y militar, pues se buscaría “enfrentar al terrorismo.

En su comparación de este proceso con el de 1999, Apitzcuestiona que en esta oportunidad no se tome en consideración el voto popular –como sí ocurrió hace 19 años- sino que prevalezca la selección de constituyentesmediante las bases comiciales sectoriales. El abogado aseguró que será el Ministerio de las Comunas el que decida quienes serán los representantes por sector.

Apitz también explicó que el error procedimental en la convocatoria de la ANC es que no se cumple el artículo 5 de la Constitución: la soberanía reside en el pueblo. Es decir, una vez el Presidente haya formulado la iniciativa para invitar a una ANC, es el pueblo quien decide por medio del voto universal, directo y secreto (referendo consultivo) si se convoca el proceso y se continúa con la elección de los Constituyentes.

Sin embargo, el constitucionalista resaltó que en este momento que atraviesa el país no es necesaria una ANC. “La solución no es un cambio de Constitución, porque esto se debe al mal manejo de la economía, sino de Gobierno”, expresó el especialista.

En este sentido, Apitz explicó que si se necesitara modificar unos artículos o capítulos, como ha expresado el mandatario Nicolás Maduro con respecto al endurecimiento de las penas y la constitucionalización de las misiones podría solicitarse una enmienda.

Como recomendación, solicitó a la Asamblea Nacional (AN) que convoque un referendo para consultar a la población si acepta ir a una ANC (amparado por el artículo 71 de la Constitución). También se mostró de acuerdo con exigirle al pueblo que no participe en este acto, que consideró totalmente nulo.

“Esto es una alteración del orden constitucional, como dijo la Fiscal”, manifestó. Añadió que, de llevarse a término, en el ámbito internacional la consecuencia inmediata será la ruptura con las organizaciones que mantienen estándares democráticos, de los cuales Venezuela se habrá salido.