“Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (…), lo que constituye una ruptura del orden constitucional”, señaló sorpresivamente este viernes Ortega, confesa chavista, en un acto en el que los asistentes le aplaudieron.
Es la primera alta funcionaria del Estado que critica esos fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“El gobierno está fracturado por dentro, dividido entre los que quieren seguir su conciencia y los que quieren seguir mintiendo”, dijo este viernes Julio Borges, presidente del Parlamento, de amplia mayoría opositora.
Borges pidió a la Fuerza Armada y los demás poderes públicos actuar como Ortega, al tiempo que denunció que el diputado suplente Gilber Caro, detenido desde el pasado 11 de enero acusado de planear “acciones terroristas”, será juzgado por un tribunal militar.
El presidente Nicolás Maduro, que mantenía silencio desde el jueves, intervenía este viernes en un evento público, sin que referirse aún al caso.
Para el politólogo Luis Salamanca, la postura de la fiscal “significa el agrietamiento, y cuidado si no el rompimiento, de la estructura interna del poder chavista”, según comentó a la AFP.
La oposición denuncia un “golpe de Estado” por parte de Maduro y desconoce al TSJ, acusado de servir al mandatario. Asimismo, presiona para que la Organización de Estados Americanos (OEA) actúe en el caso de Venezuela.
En esa línea, el excandidato presidencial Henrique Capriles se reunió este viernes en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien citó al Consejo Permanente para el lunes o el martes próximos.
Capriles solicitó aplicar la Carta Democrática Interamericana, que prevé sanciones en caso de quiebre constitucional.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumaron el viernes a la lluvia de críticas.
“Anular con una decisión arbitraria el Poder Legislativo es inaceptable. Esto claramente destruye el pilar más importante de cualquier democracia”, dijo Santos, habitualmente prudente frente a su vecino.
Incluso el gobierno ecuatoriano, aliado de Maduro, expresó “preocupación”, a la vez que Panamá propondrá al mandatario una comisión internacional para establecer un diálogo en Venezuela.
– “Es falso” –
En medio de las tensiones, la canciller Delcy Rodríguez suspendió un acto en apoyo a las decisiones del TSJ. No se informaron los motivos.
Pero el gobierno aseguró más temprano que “es falso que se haya consumado un golpe de Estado”.
“Por el contrario, sus instituciones han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores, declarados abiertamente en desacato a las decisiones” del tribunal, señaló un comunicado de la cancillería.
Para este sábado la oposición convocó una movilización en la capital.
“Si no es un golpe de Estado es muy parecido. Yo esto lo veo muy feo”, comentó a la AFP Eduardo Rodríguez, mecánico de 58 años en cola para comprar alimentos subsidiados.
Venezuela también atraviesa por una grave crisis económica, con escasez de bienes básicos y una inflación que el FMI proyecta en 1.660% al cierre de 2017.
El país sufre además elevadísimos índices de criminalidad, con una tasa de homicidios de 70,1 por cada 100.000 habitantes, según la Fiscalía, casi ocho veces más que la media mundial.
– Piden elecciones –
Grupos de estudiantes se manifestaron en varios puntos de Caracas, pero fueron reprimidos rápidamente por militares. Dos universitarios y un periodista fueron detenidos, según la ONG Foro Penal.
“Hago un llamado a la organización y a la calle con un solo foco: desconocer la dictadura y rescatar la democracia a través del voto”, señaló el encarcelado opositor Leopoldo López en una cuenta de Twitter que maneja su familia.
Pero algunos muestran hartazgo. “Es lo mismo de siempre: una pelea permanente. Yo no estoy con ninguno de los dos lados, porque lo que quieren es vernos en la calle, peleándonos, matándonos, para ellos tener el poder”, dijo a la AFP Yandry Díaz, una vendedora de 18 años.
Los comicios presidenciales están previstos para diciembre de 2018, mientras los de gobernadores, que debieron realizarse a finales del año pasado, fueron pospuestos y aún no tienen fecha.
Según la internacionalista Elsa Cardozo, el reto de la oposición es capitalizar el rechazo internacional, que amplió su “margen de maniobra para dar legitimidad a los pedidos de elecciones y liberación de presos políticos”.
