Durante el proceso judicial, la Fiscalía chilena presentó pruebas contundentes que demostraron cómo el individuo, mediante la solicitud constante de capital y la simulación de rendimientos financieros, convenció a la víctima para realizar múltiples transferencias bancarias. La afectada, al percatarse de que no podía recuperar su dinero, procedió a interponer la denuncia formal que dio inicio a la investigación.
Suplantación de identidad para perpetrar el engaño
Los hechos se remontan al año 2024, cuando una profesional de un centro de salud (Cesfam) reportó haber sido víctima de una estafa. Según el testimonio, el sujeto la contactó a través de plataformas digitales para persuadirla de participar en un supuesto negocio financiero.
El fiscal a cargo del caso, Oliver Rammsy, detalló que el venezolano operaba mediante redes sociales, donde se hacía pasar por un ciudadano chino para generar confianza y captar a sus víctimas. El Ministerio Público logró demostrar que el estafador utilizaba esta identidad falsa para venderle a la mujer sus propias criptomonedas inexistentes.
El modus operandi del fraude
La investigación determinó que el proceso de venta se ejecutaba a través de un portal web fraudulento, aprovechándose del desconocimiento de la víctima sobre el mercado regulado de activos digitales en Chile. El fiscal Rammsy enfatizó que, en el país, las inversiones en criptomonedas deben realizarse a través de plataformas autorizadas y debidamente bancarizadas.
Las autoridades confirmaron que el dinero transferido por la afectada nunca fue destinado a ninguna inversión real, sino que fue desviado directamente a las cuentas personales del acusado. Ante la contundencia de las pruebas, el tribunal dictó una sentencia de 300 días de presidio y la aplicación de una multa económica por el delito de estafa.
