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Abogados proponen cambios urgentes para acabar con el caos en el Saren

Propuesta gremial

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La Comisión de Registros y Notarías del Colegio de Abogados de Caracas ha presentado un conjunto de medidas de contingencia diseñadas para transformar los métodos de cobro y acelerar los procesos administrativos ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren). Esta iniciativa propone ajustes operativos inmediatos destinados a combatir la excesiva burocracia en las gestiones mercantiles e inmobiliarias, complementada con una reforma profunda a la Ley de Registros y Notarías vigente.

Modernización en los esquemas de pago y tasas

Uno de los pilares de este documento es la desvinculación de la Planilla Única Bancaria (PUB) respecto a la unidad Petro. Además, se propone la implementación de un sistema de autocálculo transparente en el portal web oficial, permitiendo que los ciudadanos conozcan con precisión los costos antes de iniciar cualquier trámite. Asimismo, el gremio aboga por actualizar los canales de pago, integrando transferencias bancarias, criptoactivos y otras modalidades electrónicas, dejando atrás la dependencia de los cheques bancarios que suelen ralentizar la autenticación de documentos.

Nuevas directrices de revisión y funciones

El proyecto destaca la necesidad de restringir la labor de los revisores en las oficinas registrales, limitándolos exclusivamente a verificar los requisitos de forma y evitando que interfieran en el fondo de los acuerdos entre las partes. Adicionalmente, se sugiere utilizar la Cédula Catastral como referencia única para el cálculo de tasas, eliminar la facultad discrecional de rechazar registros por capital insuficiente y establecer plazos legales estrictos para evitar demoras innecesarias en la entrega de documentos.

Reformas estructurales del sistema

En el ámbito legislativo, la propuesta contempla una separación funcional clara entre notarías públicas, registros inmobiliarios y registros mercantiles. También se exige establecer criterios de idoneidad ética y académica para quienes ocupen cargos de registradores y notarios. Finalmente, se plantea la reactivación de la fianza profesional obligatoria para asegurar la responsabilidad patrimonial de los funcionarios, la creación del Instituto de Estudios Registrales para la capacitación interna y la inclusión de la materia de Derecho Registral y Notarial en el pensum de las facultades de Derecho del país.

Con información de noticiascol.com

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