De acuerdo con la información difundida por la ONG a través de sus canales oficiales, el recluso perdió la vida debido a complicaciones de salud. La organización destacó que este centro penitenciario enfrenta una crisis de hacinamiento severa, albergando a más de 1.700 personas en instalaciones proyectadas originalmente para un máximo de 800 individuos.
Esta cifra representa que el penal opera a más del 212 % de su capacidad instalada, lo que se traduce en un nivel de sobrepoblación superior al 112 %. El OVP advirtió que esta situación se ve agravada por la escasez de alimentos, la falta de acceso a agua potable y las graves carencias en los servicios médicos, factores que ponen en riesgo constante a los reclusos con patologías preexistentes.
La organización no gubernamental subrayó que la privación de libertad no debe implicar la renuncia a los derechos fundamentales, como la salud y la vida. En este sentido, instaron a las autoridades competentes a garantizar condiciones de reclusión dignas, incluyendo alimentación adecuada y atención médica oportuna.
Ante este escenario, el OVP cuestionó la ausencia de pronunciamientos o acciones por parte de la Defensoría del Pueblo. La ONG recordó que el artículo 281, numeral 3, de la Constitución Nacional otorga a esta institución la facultad de interponer recursos de amparo para proteger la integridad de los ciudadanos.
Finalmente, la organización hizo un llamado urgente a la Defensoría para que ejerza sus competencias constitucionales y adopte medidas inmediatas que salvaguarden la vida de la población penal en todo el territorio venezolano.
