El documento legislativo reafirma la soberanía absoluta y el derecho inalienable del Estado venezolano sobre sus yacimientos de hidrocarburos. Asimismo, destaca la voluntad política y los esfuerzos diplomáticos realizados por ambas administraciones para consolidar esta alianza, la cual promete ser un motor para el crecimiento industrial.
Durante la presentación del proyecto, el diputado Miguel Pérez Abad describió este pacto como el convenio energético de mayor relevancia en el último siglo para la nación. El parlamentario detalló que el esquema operativo abarca la intervención de 17 campos petroleros, de los cuales siete son áreas vírgenes que requerirán una inversión significativa en infraestructura de superficie.
Pérez Abad enfatizó que la estrategia permitirá aprovechar el 22% de las reservas probadas, manteniendo en todo momento la titularidad de los yacimientos bajo control nacional, lo que garantiza la soberanía sobre el patrimonio de la República. Se proyecta una inyección de capital cercana a los 100.000 millones de dólares, con el objetivo de elevar la producción actual en 1,5 millones de barriles diarios.
Esta inversión no solo busca modernizar la extracción de crudo mediante tecnologías sustentables, sino también facilitar el reingreso del país a los mercados internacionales a través de canales de comercialización más directos y eficientes. En términos macroeconómicos, se estima la generación de 3,6 millones de puestos de trabajo y un fortalecimiento de las reservas internacionales que contribuya a la estabilidad cambiaria y al control inflacionario.
Apoyo parlamentario al convenio
La propuesta recibió el respaldo de diversas facciones políticas dentro del Poder Legislativo. El diputado Bernabé Gutiérrez, en nombre de Acción Democrática, manifestó su apoyo señalando que oponerse a esta medida sería ir en contra de los intereses nacionales, exhortando a todos los sectores a sumarse a esta iniciativa en beneficio de la ciudadanía.
Por su parte, el parlamentario Jesús Faría destacó que el pago del 16% de regalías por parte de las firmas internacionales ratifica el ejercicio pleno de la soberanía petrolera, cuyos ingresos serán destinados a fortalecer el aparato productivo nacional, severamente afectado por las sanciones. Finalmente, el diputado opositor Luis Emilio Rondón coincidió en la importancia estratégica del pacto y solicitó que los beneficios derivados se traduzcan en mejoras tangibles para la calidad de vida de los venezolanos.
