Esta organización criminal empleaba sofisticados mecanismos financieros para legalizar las cuantiosas sumas de dinero obtenidas mediante el traslado irregular de personas, principalmente de origen venezolano, haitiano y afgano, quienes atravesaban territorio colombiano con el objetivo de llegar a Centroamérica y, posteriormente, a los Estados Unidos.
Modus Operandi
La banda funcionaba bajo la fachada de una agencia de viajes clandestina con alcance intercontinental, aprovechando los flujos migratorios que convergen en el continente. Los coordinadores logísticos captaban a los migrantes venezolanos en los puntos fronterizos de Cúcuta y Arauca, mientras que a los ciudadanos haitianos y afganos los interceptaban en rutas del sur y a través de diversas conexiones aéreas y terrestres.
Para evadir los controles de Migración Colombia, la red proporcionaba transporte masivo, alojamiento en hoteles fachada y documentación falsa, incluyendo pasaportes y salvoconductos. El trayecto final dentro del país culminaba en los municipios de Necoclí y Turbo, en el Urabá antioqueño, desde donde forzaban a los migrantes a embarcarse en lanchas rápidas hacia la selva del Darién, en la frontera con Panamá.
La estructura de lavado de activos
Lo que distinguió a este grupo de otras bandas de coyotaje fue su robusta red financiera. Las tarifas por persona oscilaban entre los 1,500 y 5,000 dólares, siendo los ciudadanos afganos quienes pagaban montos superiores debido a la complejidad de su traslado.
Para ingresar el dinero al sistema bancario colombiano sin levantar sospechas, utilizaban la técnica del pitufeo, realizando múltiples transferencias y giros de montos reducidos a través de casas de cambio y empresas de remesas. Asimismo, los líderes de la organización crearon empresas ficticias y adquirieron bienes comerciales, flotas de transporte y propiedades hoteleras a nombre de terceros para ocultar el origen ilícito de sus ganancias.
Capturas y acciones judiciales
El despliegue de las fuerzas especiales de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió intervenir simultáneamente nodos estratégicos en Bogotá, Cali, Medellín y Necoclí. Varios integrantes de la red, incluyendo cabecillas financieros y coordinadores de rutas, fueron capturados.
Los detenidos enfrentan cargos por tráfico de migrantes, lavado de activos, concierto para delinquir agravado y falsedad en documento público. Paralelamente, las autoridades han iniciado los procesos de embargo y secuestro de los bienes, vehículos y cuentas bancarias vinculadas a esta estructura criminal.
