El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó que el Poder Legislativo brindará su apoyo a la consulta nacional enfocada en la reforma del sistema de justicia penal. Este proceso, anunciado por la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dará inicio formalmente el venidero 1 de junio.
«La AN está a la orden para que en este proceso de reforma de la justicia penal podamos colaborar en lo que es nuestro oficio principal que es en la elaboración de las leyes que puedan acompañar y colaborar con el Estado en la protección de las ciudadanas y ciudadanos», manifestó Jorge Rodríguez a través de su perfil en la red social X.
El parlamentario destacó que el país ya ha dado pasos significativos con la implementación de la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal, aprobada hace un año y medio, la cual promueve una justicia de proximidad y comunitaria. Rodríguez subrayó la disposición del Legislativo para atender cualquier requerimiento que surja durante este proceso de transformación.
Por su parte, la presidente interina explicó que el propósito fundamental de esta iniciativa es corregir deficiencias estructurales que han afectado históricamente al aparato judicial, poniendo especial énfasis en la superación del retardo procesal. Durante una alocución en Venezolana de Televisión, enfatizó que el sistema penal debe articularse para garantizar que la justicia sea accesible para todos los venezolanos.
Las auditorías realizadas previamente por la administración permitieron identificar tres áreas críticas que requieren atención inmediata: el diferimiento constante de las causas, la corrupción dentro de los tribunales y la criminalización de la pobreza. Según datos del diagnóstico oficial, el 68 % de la población reclusa en el país pertenece a los sectores socioeconómicos más vulnerables.
Llamado a la neutralidad en el debate
Ante el inicio de las mesas de trabajo, la presidente interina exhortó a los diversos sectores de la sociedad a mantener la imparcialidad durante las deliberaciones. «Yo pido que no haya utilización ni política ni partidista de un proceso que busca genuinamente la transformación del sistema penal en nuestro país», sentenció, instando a evitar que las jornadas de discusión se conviertan en espacios de confrontación política.
