La resolución, emitida el pasado 29 de agosto, reafirma la competencia del juez Chen para pronunciarse sobre el caso y enfatiza que la revocación del beneficio migratorio habría ocasionado severos daños a los más de 600.000 venezolanos amparados bajo este programa. Entre los perjuicios señalados se encuentran la pérdida de sus empleos, la desintegración de familias, posibles detenciones y la deportación.
“Este fallo representa un paso crucial para proteger a los beneficiarios del TPS, quienes han construido vidas estables en Estados Unidos y contribuyen de manera significativa a la economía y al tejido social del país”, comunicó VEPPEX, a través de su presidente, José Antonio Colina.
El TPS para los venezolanos fue inicialmente concedido en 2021 y posteriormente extendido en 2023, como respuesta a la profunda crisis humanitaria que afecta a Venezuela, la cual ha forzado a más de 7.7 millones de personas a abandonar el país debido a la persecución política, la escasez de alimentos y las violaciones a los derechos humanos.
VEPPEX también reconoció la labor de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), las fundaciones de la ACLU del Norte y Sur de California, el Centro de Derecho y Política de Inmigración de la UCLA, la Alianza Puente Haitiana, y otros profesionales del derecho que participaron activamente en el proceso legal.
La organización instó al juez Chen a emitir una determinación final que garantice de manera permanente las protecciones del TPS para los venezolanos, y extendió un llamado a la comunidad internacional para seguir apoyando esta causa.
