Aunque la administración de centroderecha logró pactar una tregua con la Central Obrera Boliviana (COB), diversos grupos indígenas y sectores vinculados a la producción de coca han desconocido el acuerdo, persistiendo en el bloqueo de las vías principales. Esta situación ha obligado al Ejecutivo a movilizar a los cuerpos de seguridad para retomar el control de las rutas.
A pesar de que el viernes se alcanzó un consenso con la cúpula sindical para pacificar la nación, organizaciones como la Federación Túpac Katari y los cocaleros leales al exmandatario Evo Morales han optado por mantener las obstrucciones en las carreteras.
Desde principios de mayo, trabajadores, campesinos y comunidades originarias iniciaron una huelga general exigiendo soluciones a la profunda crisis económica —la más severa en cuatro décadas— y protestando contra la comercialización de combustible de baja calidad.
Ante la falta de entendimiento, el pliego de peticiones escaló hasta exigir la dimisión del jefe de Estado. La interrupción del tránsito se ha generalizado, provocando graves problemas de desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustible, especialmente en La Paz y El Alto, donde se han registrado enfrentamientos constantes con las fuerzas del orden.
Durante una alocución oficial desde el Palacio de Gobierno, Paz subrayó la necesidad de esta medida excepcional, calificando las acciones de los manifestantes como un intento de golpe de Estado orquestado por el narcoterrorismo.
El gobierno actual, que asumió el poder en noviembre tras dos décadas de hegemonía izquierdista, ha señalado directamente a Morales como el principal instigador de las protestas, vinculándolo con el financiamiento proveniente del narcotráfico, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas contundentes. Por su parte, el expresidente, quien se encuentra en la región del Chapare evadiendo una orden de captura por un caso de trata de personas, ha negado categóricamente cualquier relación con actividades ilícitas.
Intervención de las fuerzas de seguridad
Paz ha girado instrucciones precisas a la Policía y a las Fuerzas Armadas para ejecutar las maniobras necesarias que permitan despejar las vías y garantizar la seguridad ciudadana. El decreto, publicado en la Gaceta oficial, faculta a los ministerios de Gobierno y Defensa para limitar derechos fundamentales como la libre circulación y reunión cuando la situación lo amerite, quedando pendiente su ratificación por parte del Congreso.
Esta decisión se produce a pesar del acuerdo previo con la COB, cuyo líder, Mario Argollo, había anunciado el cese de las medidas de presión. El presidente Paz ha reiterado que, aunque el diálogo es fundamental, su administración no permitirá que la población continúe siendo rehén de los bloqueos.
