Un representante de dicho organismo confirmó el inicio de esta revisión al periodista y ex corresponsal en la Casa Blanca, Jorge Agobian. Esta acción fiscalizadora surge como respuesta a una petición formal presentada el pasado 17 de abril por cuatro congresistas del Partido Demócrata, quienes expresaron sus reservas sobre la administración de estos activos y la ausencia de pasos concretos que impulsen un cambio democrático en Venezuela.
Los legisladores Chris Van Hollen, Tim Kaine, Joaquín Castro y Sean Casten solicitaron a la GAO examinar los mecanismos empleados por la administración de Donald Trump para supervisar el dinero proveniente de la comercialización petrolera. Los parlamentarios argumentan que el equipo político de Trump cuenta con el respaldo de altos funcionarios con potestad para determinar el uso de estos recursos, lo que, a su juicio, hace indispensable un control independiente.
Más allá de esta auditoría, diversos legisladores mantienen presión en el Congreso estadounidense para que el Ejecutivo defina estrategias claras hacia una transición democrática, incluyendo el establecimiento de fechas para procesos electorales, en un contexto de incertidumbre sobre los contactos entre Washington y el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.
Revisión de los mecanismos para administrar los fondos
La auditoría de la GAO examinará los protocolos de supervisión, rendición de cuentas y la arquitectura financiera utilizada para gestionar el dinero generado por la venta de petróleo venezolano. Asimismo, se evaluarán los procedimientos de desembolso y la participación de individuos o entidades que fueron beneficiados con el levantamiento de sanciones tras el 3 de enero.
Otro de los puntos clave solicitados por los congresistas es la verificación de las transferencias de fondos hacia cuentas en Qatar, así como el análisis del sistema operativo que utiliza el Departamento del Tesoro para tales fines. Recientemente, miembros del Congreso habían manifestado su preocupación ante la escasa información disponible sobre el destino final de los ingresos obtenidos por la venta de crudo nacional.
