Este mecanismo de participación tiene como propósito fundamental asegurar que la normativa no sea una imposición aislada, sino el reflejo de la voluntad ciudadana, permitiendo que las comunidades incidan directamente en el destino del suministro energético del país, según lo informado por el Ministerio para la Energía Eléctrica.
El sustento legal del proceso
Lejos de ser una medida arbitraria, las jornadas de debate cuentan con un respaldo institucional sólido, amparadas estrictamente por dos instrumentos normativos de la República:
- El Artículo 211 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- El Artículo 45 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.
Actores clave en el debate
Para construir un marco regulatorio sólido, la consulta integra a tres sectores fundamentales de la vida técnica, comunitaria y económica del país, quienes asumen una responsabilidad compartida:
- Trabajadores del Sistema Eléctrico Nacional (SEN): Aportan su experiencia técnica y operativa, vital para que la ley sea realista y ejecutable.
- Mesas Técnicas de Energía: Representan la organización de base del Poder Popular, encargadas de canalizar las necesidades y propuestas desde los sectores residenciales.
- Sector productivo e industrial: Participan para consensuar estrategias que aseguren un suministro eléctrico eficiente, capaz de impulsar la economía nacional.
Detalles de la propuesta
La iniciativa legislativa bajo análisis contempla la modificación o incorporación de 42 artículos, dentro del marco de los 115 que componen la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. El bloque de cambios se estructura de la siguiente manera:
- 31 artículos sujetos a reforma: Orientados a actualizar y fortalecer las disposiciones operativas vigentes.
- 11 artículos de nueva creación: Enfocados en integrar soluciones jurídicas ante los retos tecnológicos y logísticos actuales.
El objetivo central de esta reestructuración es respaldar la modernización integral del sistema, promoviendo la inversión estratégica bajo un modelo soberano donde el Estado mantiene la rectoría absoluta del servicio. Durante las consultas, los debates se enfocan en tres acciones: añadir propuestas, eliminar contenidos inviables o modificar artículos existentes. Una vez finalizado el despliegue territorial, las observaciones serán sistematizadas y evaluadas jurídicamente antes de ser presentadas ante la plenaria de la Asamblea Nacional para su sanción final.
