Esta acción, gestionada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), también impone restricciones severas sobre cinco entidades vinculadas a la administración de la isla.
Entre los individuos señalados por la OFAC se encuentran la primera dama, Lis Cuesta Pedraza; el hijo del presidente, Manuel Anido Cuesta; así como Alejandro Castro Espín y el nieto de Raúl Castro, Raúl Alejandro Castro.
Un endurecimiento en la estrategia de presión
Washington mantiene un embargo comercial contra La Habana desde 1962, pero bajo la actual gestión de Donald Trump, la estrategia se ha intensificado combinando bloqueos financieros, presiones judiciales y el corte del suministro de petróleo que se ha aplicado de facto desde inicios de año.
En el plano legal, la justicia estadounidense mantiene vigente una imputación contra Raúl Castro, de 95 años, por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas en 1996, un trágico suceso que cobró la vida de cuatro personas, incluyendo a tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal.
Crisis interna y estancamiento diplomático
Estas medidas coinciden con un momento crítico para Cuba, que atraviesa su peor escenario económico y humanitario en décadas, sumado a las advertencias de una posible intervención por parte de la administración Trump.
A pesar de la escalada de tensiones y la imposición de estas sanciones, los equipos diplomáticos de Washington y La Habana continúan manteniendo conversaciones para intentar hallar salidas a la coyuntura actual. No obstante, hasta la fecha, estos canales de negociación no han arrojado avances significativos, ya que el gobierno cubano sostiene que cualquier entendimiento debe fundamentarse en el respeto absoluto a lo que denominan su soberanía.
