En el encuentro, figuras clave del sector como José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela; Ricardo Álvarez, al frente de la Sociedad de Cañicultores del Municipio Torres; y el ingeniero Armando Suárez, en representación del Central Pastora C. A., coincidieron en que la fragilidad operativa actual está alejando a los inversionistas.
El caso del Central Pastora es un ejemplo claro de la situación que enfrentan las agroindustrias, donde la falta de un entorno que asegure las condiciones mínimas de trabajo compromete tanto la sostenibilidad de la producción como la capacidad exportadora. La inestabilidad del clima ha jugado un papel determinante en esta caída; el año pasado, las zonas productoras del estado Portuguesa fueron golpeadas por precipitaciones inusuales de 1.500 mm, lo que resultó en la pérdida de 400.000 toneladas de caña, reduciendo la proyección inicial de 5 millones a 4.600.000 toneladas.
Actualmente, el sector enfrenta un desafío adicional debido a las condiciones de sequía, lo que obliga a los productores a optimizar el uso del agua. Los especialistas señalaron que la rentabilidad está siendo severamente afectada por la gestión de recursos hídricos y la crisis del sistema eléctrico. Los cortes de luz, que llegan a prolongarse hasta por cinco horas, paralizan las labores esenciales en el campo.
Estas dificultades se traducen en costos operativos elevados, derivados de la necesidad de perforar pozos, mantener sistemas de bombeo que requieren energía constante y enfrentar tarifas eléctricas que, sumadas a la inestabilidad del suministro, golpean la operatividad. Los voceros de las asociaciones de cañicultores y del Central Pastora concluyeron que, aunque el sector privado se esfuerza por ser más eficiente, es imperativo que el Estado garantice condiciones mínimas, especialmente un suministro eléctrico estable, para transformar el trabajo y el capital en producción real para el país.
