El diputado Orlando Miranda, encargado de presentar la propuesta ante el Parlamento, destacó la relevancia estratégica de estos cambios para el desarrollo nacional. Según explicó, el proyecto se fundamenta en el numeral 29 del artículo 156 de la Constitución, que faculta al Poder Público Nacional para regular los servicios públicos domiciliarios, con especial atención al sector eléctrico. El objetivo central es optimizar la calidad del servicio y garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura.
Un nuevo esquema de gestión empresarial
La reforma, compuesta por 42 artículos, pretende superar el modelo actual de generación y comercialización de energía mediante la diversificación de los prestadores del servicio. Para ello, se establece un régimen de concesiones bajo supervisión pública, estructurado en cuatro modalidades de participación:
- Control estatal: El sector público mantiene su rol como operador principal y eje central del sistema.
- Empresas mixtas mayoritarias: Alianzas donde el Estado conserva más del 50% de la participación accionaria.
- Participación minoritaria: Consorcios con una presencia estatal menor, sujetos a autorización oficial.
- Empresas privadas: Corporaciones particulares debidamente registradas y domiciliadas en el país.
Indemnización por fallas eléctricas
Uno de los puntos más destacados del texto legal es la introducción de la responsabilidad civil y penal para los operadores. De ser sancionada la ley, las empresas distribuidoras y comercializadoras estarán obligadas a compensar económicamente a los usuarios por las pérdidas materiales o daños derivados de apagones o deficiencias en el suministro.
Para incentivar la inversión, tanto local como extranjera, la reforma contempla la creación de un nuevo esquema tarifario que permita cubrir los costos operativos y asegure una rentabilidad acorde a la eficiencia del servicio. Asimismo, el Ejecutivo y las administraciones regionales podrán otorgar incentivos fiscales y exoneraciones tributarias temporales, siempre que las empresas destinen recursos a la mejora de las áreas más críticas de la red eléctrica nacional.
