Según reportes, el magistrado Francisco de Jorge Mesas emitió una comisión rogatoria fundamentada en la nueva realidad política del país, tras la salida de Nicolás Maduro en enero de este año. Esta transición ha facilitado un escenario de cooperación que permite avanzar en las solicitudes presentadas por la asociación Dignidad y Justicia.
El objetivo central de la investigación, abierta en 2024, es esclarecer la participación de estos sujetos en el llamado Colectivo de Huidos Políticos Vascos y determinar su grado de implicación en actividades terroristas. El juez busca precisar si estos individuos mantenían labores de enlace o responsabilidades directas dentro de la estructura criminal.
Cooperación internacional clave
De manera paralela, el tribunal español ha solicitado asistencia a las autoridades de Estados Unidos. Se requiere acceso a la documentación recabada en el proceso judicial contra Hugo Armando Carvajal, exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela, quien podría aportar datos cruciales sobre la presencia y el control que la cúpula de ETA ejercía sobre sus miembros refugiados en el extranjero.
El Ministerio Fiscal español sostiene que este colectivo no actuaba de forma aislada, sino que dependía orgánicamente de la dirección de la banda, la cual supervisaba su asistencia económica y legal. La justicia española confía en que la información obtenida en Venezuela, sumada al testimonio de Carvajal, permita cerrar este capítulo judicial pendiente.
