Según lo estipulado en el Decreto 0188 de 2026, la restricción entrará en vigor a partir de las 6:00 p. m. del sábado 30 de mayo y se extenderá hasta las 6:00 a. m. del lunes 1 de junio.
El documento oficial exige la implementación de controles migratorios rigurosos en todos los puntos de acceso fronterizo, aunque contempla excepciones para situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, según reportó El Cooperante.
Esta disposición impactará de manera significativa a los departamentos que comparten frontera con Venezuela, tales como Norte de Santander, La Guajira, Arauca, Vichada y Guainía, donde se intensificará la vigilancia. La medida también alcanza los límites territoriales con Ecuador, Perú y Brasil.
El Ejecutivo colombiano busca con esta acción prevenir cualquier tipo de interferencia o alteración que pueda comprometer la seguridad y el normal desarrollo de la jornada electoral.
En cuanto a la participación ciudadana, se estima que más de 170 mil colombianos radicados en Venezuela están convocados a votar. Recientemente, en un encuentro en Caracas, la comunidad colombiana enfatizó la importancia de proteger la democracia y solicitó una mayor eficiencia en la atención consular, señalando la necesidad de reabrir sedes cerradas tras la ruptura de relaciones en 2019. Actualmente, solo funcionan los consulados en Caracas, San Cristóbal, San Antonio y Maracaibo.
Los comicios definirán al sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030. Con 13 aspirantes en carrera, se prevé una posible segunda vuelta para el 21 de junio si ningún candidato alcanza el 50% de los sufragios. Las encuestas actuales sitúan a Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella como los favoritos, seguidos por Paloma Valencia.
Paralelamente, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ha iniciado una investigación penal contra el presidente Petro por una supuesta intervención en política. La decisión, liderada por Gloria Elena Arizabaleta, responde a publicaciones del mandatario en la red social X, donde habría respaldado a candidatos del Pacto Histórico, contraviniendo la prohibición legal que impide a funcionarios participar en controversias electorales.
