La resolución judicial se enfoca en una proclamación fundamentada en la sección 212(f), la cual fue empleada por el Ejecutivo para facilitar la expulsión inmediata de personas que ingresaban al país sin documentos, negándoles la posibilidad de tramitar solicitudes de protección internacional.
Esta normativa, presentada por Trump al inicio de su segundo mandato en enero de 2025, se basaba en la premisa de una supuesta “invasión”, argumento utilizado para justificar la limitación del derecho al asilo, incluso para aquellos individuos que manifestaban temor a sufrir persecución en sus naciones de origen.
No obstante, el panel del Tribunal de Apelaciones determinó que el mandatario carece de autoridad para pasar por encima de las leyes establecidas por el Congreso, específicamente la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que garantiza el derecho de los extranjeros a solicitar refugio en territorio estadounidense.
En su fallo, los magistrados alertaron sobre las consecuencias de implementar una política de rechazo masivo sin realizar valoraciones caso por caso. “Denegar el asilo de forma generalizada, sin considerar la situación particular de los afectados, ignora los riesgos de persecución que enfrentan al ser devueltos a sus lugares de origen”, subrayó el tribunal.
Organizaciones celebran fallo que protege derechos de solicitantes de asilo
La decisión fue recibida con satisfacción por diversas organizaciones de derechos civiles que promovieron la demanda, tales como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, el Centro de Estudios de Género y Refugiados, y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas.
Estas entidades acudieron a la justicia en representación de grupos de asistencia legal y de personas directamente perjudicadas por la normativa. Lee Gelernt, abogado de la ACLU, calificó la política de Trump como inhumana, destacando que el fallo reafirma que el presidente no puede anular unilateralmente las leyes aprobadas por el poder legislativo.
Por su parte, Keren Zwick, directora de litigios del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, instó al gobierno estadounidense a retomar su compromiso con la protección de los derechos fundamentales y a evaluar correctamente las solicitudes de refugio.
A pesar de la relevancia del dictamen, la orden no tendrá aplicación inmediata, ya que se espera que la Casa Blanca apele ante instancias superiores. Mientras tanto, la administración sostiene su postura, resaltando la disminución en el flujo de solicitantes de asilo desde que se aplicaron las restricciones.
