La responsable de este hecho, Yolanda Saldívar, quien en su momento fungió como presidenta del club de fans y gestora de los negocios de la artista, continúa purgando una sentencia de cadena perpetua en una prisión de Texas.
El crimen tuvo lugar el 31 de marzo de 1995, cuando Saldívar accionó un arma contra la intérprete tras una fuerte disputa vinculada a señalamientos por malversación de fondos. La artista, reconocida mundialmente como la ‘Reina del Tex-Mex’, perdió la vida a los 23 años de edad.

La sentencia impuesta a Yolanda Saldívar
En octubre de 1995, un tribunal halló culpable a Saldívar por el delito de asesinato en primer grado. La condena dictada fue de cadena perpetua, estableciendo la posibilidad de solicitar el beneficio de libertad condicional una vez cumplidos 30 años de reclusión.
Dicho periodo se completó en marzo de 2025, lo que permitió que la reclusa presentara su primera petición formal para obtener su excarcelación.
Libertad condicional rechazada
A pesar de haber alcanzado el tiempo mínimo exigido por la normativa legal, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas desestimó su solicitud. Las autoridades fundamentaron su decisión en la severidad del delito cometido y el peligro latente que representa la mujer para la sociedad.
De acuerdo con los reportes oficiales, el expediente refleja un patrón de conducta violenta y una amenaza constante para la seguridad ciudadana, factores que imposibilitan su salida anticipada.
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Esta determinación ha sido respaldada por la familia de Selena, quienes sostienen que la justicia debe prevalecer ante la irreparable pérdida de la cantante. Tras el revés judicial de 2025, la enfermera no podrá gestionar una nueva solicitud de libertad condicional de manera inmediata. Conforme a los reglamentos del sistema penitenciario texano, deberá aguardar varios años para una próxima revisión.
Las estimaciones sugieren que un nuevo intento podría ocurrir alrededor de 2030, aunque existen informes que señalan que las evaluaciones futuras podrían postergarse según el criterio de las autoridades competentes.