Mediante una sentencia difundida el 27 de marzo, el máximo tribunal del país confirmó que el texto normativo cumple con todas las exigencias constitucionales y legales necesarias para entrar en vigencia. El propósito fundamental de esta ley, según lo estipulado en su primer artículo, es crear un marco jurídico que permita a los organismos del Estado gestionar sus procesos de manera más dinámica y efectiva.
La finalidad última es reducir de forma significativa los tiempos de espera en la resolución de las peticiones y gestiones realizadas por los ciudadanos. En su dictamen, los magistrados de la Sala Constitucional señalaron que esta normativa no constituye una medida aislada, sino una respuesta estructural ante un problema histórico marcado por el exceso de trámites, la lentitud administrativa y la falta de eficiencia.
De acuerdo con el TSJ, estas deficiencias en la gestión pública afectan directamente el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Principios de eficiencia
La resolución judicial destaca que la nueva ley se fundamenta en los siguientes pilares:
- Agilidad en la resolución de expedientes.
- Supresión de pasos innecesarios dentro de los procedimientos.
- Mejor aprovechamiento de los recursos estatales para la atención al ciudadano.
Para el Poder Judicial, existe una correspondencia directa entre lo establecido en esta ley y los mandatos de la Constitución, consolidándola como una herramienta esencial para el desarrollo del texto fundamental. Con este respaldo, se espera que las instituciones públicas inicien una etapa de actualización tecnológica y administrativa para adaptarse a los nuevos estándares de atención ciudadana durante este 2026.
