Este nuevo marco legal está diseñado para revolucionar la asistencia a las poblaciones más vulnerables, ya que establece la incorporación oficial de la institución al sistema de seguridad estatal. De manera inédita, la Cruz Roja ocupará un lugar formal y legal dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Protección Civil.
Esta integración se traducirá en una mayor coordinación con organismos como los Bomberos y Protección Civil, con el propósito de minimizar la improvisación y consolidar las acciones conjuntas durante situaciones de crisis.
Farías destacó el rol de apoyo que la organización desempeñó en tragedias como las ocurridas en Las Tejerías y Cumanacoa, enfatizando que la nueva legislación facilitará una respuesta más estructurada y expedita.
Uno de los ejes centrales de la ley es la movilidad de la ayuda humanitaria. La normativa fijará pautas claras para que los medicamentos, equipos y personal puedan desplazarse por todo el territorio nacional sin las trabas burocráticas que frecuentemente demoran la asistencia.
Además, la ley posibilitará la asignación de más recursos y esfuerzos para la capacitación de voluntarios, la compra de suministros médicos y el desarrollo de programas de soporte técnico.
La legislación también tiene como fin resguardar la identidad de la institución, que inició un proceso de reestructuración en 2023. En este sentido, se endurecerán las sanciones contra el uso indebido del emblema de la cruz roja sobre fondo blanco.
A pesar de que colaborará estrechamente con el Estado bajo la figura de «Cuerpo Moral de Derecho Público», el proyecto legislativo, compuesto por 29 artículos, asegura que la organización preservará su autonomía y se regirá por sus principios de neutralidad e imparcialidad.
